Desde Europa hasta América Latina: ¿Cómo avanza la prohibición de redes sociales para menores?

La preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud mental y seguridad de niños y adolescentes ha dejado de ser un debate aislado para convertirse en una agenda regulatoria global. Desde Oceanía hasta Europa, pasando por Asia y América, gobiernos y organismos reguladores avanzan —con distintos matices— hacia restricciones cada vez más estrictas sobre el acceso de menores a plataformas digitales.

Australia se convirtió en el primer país en prohibir formalmente el uso de redes sociales a menores de 16 años. La legislación se sustentó en un argumento contundente: proteger a los jóvenes de algoritmos diseñados para maximizar el tiempo de uso y de fenómenos como el ciberacoso.

En Asia, Indonesia implementó una normativa que bloquea el acceso a redes sociales a menores de edad, una medida que impacta directamente a más de 70 millones de niños y adolescentes. Malasia, por su parte, ya trabaja en un esquema similar con miras a 2026, que incluirá sistemas obligatorios de verificación de identidad.

India también se suma a la discusión. El gobierno analiza introducir restricciones por edad, en paralelo a debates sobre fenómenos emergentes como los deepfakes, lo que revela que la regulación digital comienza a abordarse de forma más integral.

En Europa, el movimiento es aún más amplio y coordinado. Francia está a un paso de convertirse en el segundo país del mundo —después de Australia— en limitar legalmente el acceso a redes sociales, con una edad mínima de 15 años. Mientras que España prevé elevar ese umbral a 16 años mediante una reforma legal que también incorpora restricciones al uso de inteligencia artificial con fines comerciales sin consentimiento.

Alemania, bajo impulso conservador, ha ido más allá al proponer prohibir el acceso a menores de 14 años e imponer multas a las plataformas que no cumplan con controles de verificación. En paralelo, países como Dinamarca, Noruega y Eslovenia afinan sus propios marcos regulatorios, todos con un denominador común: establecer límites de edad más estrictos y reforzar los mecanismos de control.

Noruega, en particular, enfrenta un desafío significativo. A pesar de que la edad mínima actual es de 13 años, estudios oficiales muestran que más de la mitad de los niños de nueve años ya están presentes en redes sociales, lo que evidencia la brecha entre regulación y realidad digital.

Italia también explora medidas, incluyendo restricciones para menores de 15 años y regulaciones sobre los llamados “kidfluencers”, además de impulsar sistemas de verificación basados en identidad digital.

El Reino Unido, aunque aún sin una prohibición formal, ha elevado el tono. Reguladores como Ofcom han advertido que las plataformas no están cumpliendo sus propias reglas sobre edad mínima y han exigido acciones inmediatas, bajo amenaza de sanciones.

Recientemente Grecia se sumó a la tendencia. El gobierno anunció que prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 15 años a partir del 1 de enero de 2027. El primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, justificó la medida ante el aumento de problemas como ansiedad, trastornos del sueño y la exposición a diseños adictivos en las plataformas digitales. La decisión se complementa con acciones previas, como la prohibición de teléfonos móviles en escuelas y el impulso a herramientas de control parental.

América Latina tampoco es ajena a esta tendencia. En Brasil, entró en vigor una nueva legislación que refuerza la protección digital de menores y restringe su acceso a redes sociales. A partir de ahora, los usuarios menores de 16 años deberán vincular sus perfiles a un responsable legal, mientras que las plataformas estarán obligadas a implementar sistemas confiables de verificación de edad para impedir el acceso a contenidos inadecuados o de carácter pornográfico. La norma, conocida como “ECA Digital”, también exige a las empresas retirar contenidos relacionados con explotación, violencia o abuso sexual infantil y notificar a las autoridades, en un esfuerzo por cerrar brechas en la supervisión del entorno digital.

En Estados Unidos, el frente se ha abierto desde el ámbito judicial. Un jurado en Los Ángeles declaró responsables a Meta y YouTube por el daño causado a una menor debido al diseño adictivo de sus plataformas, obligándolas a pagar 6 millones de dólares. El fallo podría marcar un precedente para más de mil casos similares en curso y envía una señal clara a la industria tecnológica: los algoritmos ya no están exentos de escrutinio legal.

México, en fase de evaluación

En medio de la tendencia global, México comienza a trazar su propia ruta. El gobierno federal analiza limitar el acceso de niños y adolescentes a redes sociales como parte de una estrategia para proteger su salud mental.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, confirmó que se ha abierto un periodo de consultas con distintos actores sociales que culminará en propuestas regulatorias hacia junio. La discusión gira en torno al papel del Estado frente a lo que considera una falta de autorregulación por parte de las empresas tecnológicas.

“El Estado tiene la responsabilidad de la tutoría en la educación de los menores de edad. Y ahí es donde deberíamos pensar en poner ciertos límites”, señaló el funcionario.

Aunque aún no hay una iniciativa concreta, México se inserta en una tendencia internacional que redefine la relación entre tecnología, infancia y regulación. El debate ya no es si intervenir, sino cómo hacerlo sin vulnerar derechos ni frenar la innovación.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó su respaldo a México y agradeció el interés del país por sumarse a esta tendencia global, a través de un mensaje publicado en la red social X: