Expertos coincidieron en que la militarización de la seguridad pública en México es una estrategia que no ha funcionado en los últimos sexenios, por lo que la consideraron fallida.

Durante el XIV “Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita, Derechos Humanos: Las deudas, capacidades y voluntades del Estado”, organizada por el ITESO Universidad jesuita de Guadalajara, Catalina Pérez Correa, docente del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dijo que entre 2006 y 2021 se le han entregado a las Fuerzas Armadas 246 funciones civiles a las Fuerzas Armadas.

“De estas 140 no cuentan con información de su presupuesto (...) lo que sí sabemos es que siempre hay un fortalecimiento presupuestal de las Fuerzas Armadas que va aparejado con la entrega de funciones civiles”, dijo.

La experta añadió que en la actualidad la milicia no sólo suple funciones civiles en seguridad sino también en salud, educación, obras públicas y administración de aeropuertos, programas sociales, entre otras.

“De las tareas de seguridad pública la mayoría no tiene información del presupuesto; 76% de los casos no tienen información del presupuesto, es decir, están realizando tareas sin que se pueda realizar una evaluación del gasto”, dijo Pérez Correa.

La investigadora consideró que será relevante la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los límites de la participación militar a través de los recursos que están pendientes de su resolución en el máximo tribunal del país.

“Paradigma fallido”

Por su parte, Ernesto López Portillo, profesor de la Universidad Iberoamericana, calificó la presencia militar en tareas de seguridad como “un paradigma fallido que se prolonga en el tiempo”.

Mencionó que el Estado mexicano no encuentra alternativas en materia de seguridad que no sean la militarización, y para que por la vía civil se ordenen políticas públicas diferentes. Añadió que en la medida que las problemáticas de seguridad se profundizan, las acciones gubernamentales tienen el mismo resultado, ya que cuando empezó la problemática de inseguridad, México registraba ocho homicidios por cada 100,000 habitantes y hoy tiene 28.

Estimó que actualmente ningún partido ni gobierno se atrevería a decir no a la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad, porque la militarización ya tiene un alto grado de legitimidad, incluso por encima de las autoridades civiles.

En tanto, Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), opinó que la militarización es un proceso en el que también los mandos militares ocupan puestos en fiscalías y secretarías de seguridad.

Comentó que la Guardia Nacional ha quedado subordinada a los militares a pesar de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es legalmente la directriz. Añadió que la reforma que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia que adscrita a la Sedena, sería una paso difícil de revertir.

Mencionó que la militarización tiene tres riesgos: no es una política efectiva y, por el contrario, cuando hay más presencia la violencia se incrementa; provoca el debilitamiento de los contrapesos y, el tercero: más militarización equivale a más violaciones a los derechos humanos.

Consideró que es falso que los militares ya no violan los derechos humanos, pese a la narrativa oficial, pues dijo que los informes de la Guardia Nacional refieren de 89 enfrentamientos donde no existe una medición sobre el uso de la fuerza letal contra agresores. (Con información de Redacción)

jorge.monroy@eleconomista.mx