La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó una suspensión provisional otorgada el 15 de junio al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), respecto a la obligación que esa autoridad sectorial tiene para implementar el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

La decisión de la Suprema Corte de reconfirmar la suspensión que otorgó al IFT, después de que ese órgano autónomo presentara una controversia constitucional contra el Panaut, abre el plazo de un año para que dicho padrón pueda ser aplicado en México y todavía faltaría que en el intermedio la Suprema Corte determine si el Panaut es o no contrario a la Constitución.

La Primera Sala votó con cuatro votos a favor de revalidar la suspensión y un voto en contra. De esta manera, también se consideró infundado un recurso de reclamación promovido por la Consejería Jurídica de la Presidencia contra la decisión tomada por la Corte en junio pasado, expuesta entonces por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que admitió a trámite la controversia constitucional 71/2021 del IFT.

La confirmación de la suspensión concedida en junio reafirma este miércoles 20 de octubre que el IFT no estará obligado a utilizar recursos de su propio presupuesto para implementar el Panaut y esto, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la controversia constitucional.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presentó el 26 de mayo una controversia constitucional en contra de diversas modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2021 y por las que se creó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

El regulador argumentó en su controversia que no cuenta hoy con los recursos económicos suficientes para poner a caminar el Panaut con un cargo a su presupuesto anual, pues los recursos del IFT ya sufrieron más de un tijeretazo y lo asignado para 2021 ya se encuentra comprometido.

“Para el IFT, este ordenamiento legal contraviene su autonomía presupuestal, consistente en llevar a cabo la planeación y ejercicio de los recursos que considera necesarios de forma autónoma, eficaz y oportuna en el marco de sus competencias”, argumentó el regulador en la Suprema Corte.

El IFT dijo en esas fechas que el Congreso de la Unión invadió su esfera competencial, concretamente a sus atribuciones regulatorias y de garante de derechos humanos, ya que la creación del Panaut le impide cumplir con su objeto constitucional contenido en los artículos 6º y 7º; toda vez que le obliga a implementar un modelo regulatorio que condiciona el acceso a los servicios de telecomunicaciones y prevé la cancelación de líneas telefónicas móviles; y lo obliga a emitir además las disposiciones administrativas de carácter general para la debida operación del Panaut.

El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil se trata de un registro cuyo fin es recabar información sensible de los usuarios de telefonía e Internet móviles, para que éstos puedan mantener activas sus líneas celulares. Para su creación, el Congreso de la Unión votó a favor de una serie de modificaciones de los artículos 15, 176, 180, 190, 307 y otros cambios en los artículos transitorios de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), una legislación aprobada en el año 2013.  

La intención de los impulsores del Panaut también pasa por crear un instrumento que colabore con las autoridades de seguridad y justicia en la persecución de delitos, y por ello se obligará a los usuarios a permitir el registro de sus datos biométricos como huellas dactilares y de reconocimiento facial e iris y otros datos oficiales como direcciones de domicilio, número telefónico y la fecha de activación de la línea.

De esta manera, los titulares de las 124 millones de líneas que se estima se encontraban en operación hasta diciembre de 2020 en México, deberán registrarse obligadamente en este padrón.

Después de estas reformas a la LFTR, el Instituto Federal de Telecomunicaciones está obligado a emitir las disposiciones generales sobre cómo recabar y resguardar los datos recabados. El IFT tenía un plazo de 180 días naturales desde el 17 de abril para construir estas disposiciones, en tanto que los concesionarios de los servicios de telecomunicaciones, por ejemplo los operadores Telcel, AT&T y Movistar, entre otros, contarán hasta con dos años para cumplir con los registros que sean de su competencia recabar de los usuarios.

Pero con la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocida este día, no está claro cuándo, en su caso, el IFT tendría que comenzar con la implementación del Panaut.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones ya había informado en la semana del 15 de abril que la creación del Panaut demandará 109 millones de pesos de su presupuesto anual durante el primer año y otros 88 millones de pesos cada año posterior.

El IFT ha afirmado además que el padrón le requerirá la contratación de 150 funcionarios, que significarán una erogación de 150 millones de pesos a su presupuesto anual que ha sido recortado en dos ocasiones por los diputados. El presupuesto de este órgano regulador de telecomunicaciones y radiodifusión es de 1,510 millones de pesos para el ejercicio del 2021.