Durante el actual sexenio aumentó el despliegue militar, reportó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

La organización presentó el documento “Perpetuar el fallido modelo de seguridad” al organismo multilateral en el marco del 165 periodo de sesiones que se lleva a cabo en Montevideo, Uruguay.

 

En el texto se pormenoriza que en el 2012 las bases de operaciones de las Fuerzas Armadas se encontraban desplegadas en 19 estados; para 2016 su presencia se extendió a 24 entidades federativas, el 75% del territorio nacional.

 

En el documento se asienta que al contrastar ambos sexenios no se distingue un descenso relevante en las operaciones militares contra el narcotráfico y, además, la inversión en la compra de equipamiento militar ha sido altamente privilegiada. En 2014 se gastaron 97 millones de dólares, mientras que en 2015 fueron 500 millones de dólares.

 

El Centro Prodh expone que el presidente, Enrique Peña Nieto se comprometió a construir una nueva estrategia nacional de seguridad destinada a la reducción de la violencia.

 

Se planeó que estuviera a cargo de los cuerpos policiales civiles priorizando el uso de inteligencia, asegurando el retiro gradual de las Fuerzas Armadas, proponiéndose la reestructuración de la Policía Federal y la creación de la Gendarmería Nacional y del mando único policial en los estados. “Estas metas lucen incumplidas en su mayoría, y la propia intensificación de la presencia castrense explica este fracaso”, apuntan.

 

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