¿Qué propone la nueva iniciativa de vivienda de Claudia Sheinbaum?

En plena ejecución de su política habitacional —que tiene como meta la construcción de 1.8 millones de viviendas durante su sexenio—, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión una iniciativa con el objetivo de armonizar el concepto de vivienda adecuada en el marco jurídico aplicable a los programas públicos.

La iniciativa de reforma en materia habitacional fue enviada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados el 11 de marzo de 2026 y busca actualizar el marco legal del sector para alinearlo con la reforma constitucional aprobada en diciembre del 2024.

De acuerdo con la exposición de motivos, el proyecto plantea una armonización legislativa para incorporar el concepto de “vivienda adecuada” y con ello ajustar las atribuciones de las instituciones públicas encargadas de la política habitacional.

“La presente iniciativa tiene por objeto armonizar la legislación secundaria en materia de vivienda con el mandato constitucional recientemente reformado, incorporando el enfoque de vivienda adecuada como eje de la política habitacional del Estado mexicano”.

Cambio conceptual

Uno de los ajustes centrales es la incorporación del concepto de “vivienda adecuada” en la legislación secundaria.

El término busca armonizar el marco jurídico mexicano con estándares internacionales de derechos humanos, particularmente los definidos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Hasta ahora, la legislación mexicana ha utilizado principalmente el concepto de “vivienda digna y decorosa”. La iniciativa propone complementar ese enfoque con criterios más amplios relacionados con condiciones urbanas, acceso a servicios y entorno.

“El concepto de vivienda adecuada implica considerar no sólo las características físicas de la vivienda, sino también su entorno urbano, la disponibilidad de servicios y la accesibilidad a oportunidades de desarrollo”.

Los criterios de una vivienda adecuada

La iniciativa retoma los elementos utilizados en el derecho internacional para definir cuándo una vivienda cumple condiciones adecuadas. Entre ellos se encuentran:

• Seguridad jurídica de la tenencia, que implica protección frente a desalojos arbitrarios.
• Disponibilidad de servicios básicos, como agua potable, energía eléctrica y saneamiento.
• Asequibilidad, para evitar que el costo de la vivienda comprometa otros gastos esenciales.
• Habitabilidad, en términos de espacio suficiente y condiciones estructurales seguras.
• Accesibilidad, particularmente para personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.
• Ubicación adecuada, con acceso razonable a empleo, educación, transporte y servicios.
• Adecuación cultural, que considere las características y prácticas constructivas de cada región.

Estos criterios servirían como referencia para el diseño y evaluación de programas públicos de vivienda.

Ajustes a las atribuciones de Infonavit y Fovissste

La propuesta también plantea modificaciones a las facultades de organismos como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

Históricamente, estas instituciones han operado principalmente como organismos financieros encargados de otorgar créditos hipotecarios a trabajadores. Sin embargo, reformas recientes a su marco normativo ya contemplan la posibilidad de participar en proyectos de desarrollo habitacional.

La iniciativa plantea ampliar su margen de acción para que puedan participar en el desarrollo y promoción de proyectos habitacionales, lo que incluiría la adquisición de suelo, la construcción o rehabilitación de vivienda y la promoción de esquemas de arrendamiento con opción a compra.

Proceso regulatorio

La documentación legislativa indica que la iniciativa fue exenta del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR). La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones emitió una constancia de exención al considerar que el proyecto busca principalmente armonizar disposiciones legales existentes derivadas de cambios constitucionales recientes.

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó que la reforma no implica ampliaciones directas al gasto público federal.

Según el análisis financiero incluido en la iniciativa, las funciones previstas podrían ejecutarse mediante las estructuras administrativas actuales de dependencias como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como con los recursos propios del Infonavit y del Fovissste.

Planeación urbana y política habitacional

Finalmente, la iniciativa plantea reforzar la coordinación institucional en la planeación de proyectos de vivienda.

El objetivo señalado en la exposición de motivos es promover desarrollos habitacionales con mejor acceso a servicios, transporte y equipamiento urbano, en línea con los criterios de vivienda adecuada establecidos en la reforma constitucional.

“La política nacional de vivienda deberá promover desarrollos habitacionales que garanticen acceso efectivo a servicios, infraestructura y equipamiento urbano, conforme al principio de vivienda adecuada”. La propuesta se encuentra actualmente en proceso de análisis legislativo en la Cámara de Diputados.