Organizaciones defensoras de los derechos humanos hicieron un llamado al Senado de la República para conducir el proceso de designación del nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas.

En un pronunciamiento público en el que participaron organizaciones como Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria", las organizaciones manifestaron que es necesario que las legisladoras y legisladores establezcan un parlamento abierto enfatizando la inclusión de las víctimas de violaciones de derechos humanos y organizaciones defensoras de los mismos.

En su intervención el Padre Miguel Concha del CDH Vitoria, apuntó que los senadores tienen la responsabilidad de construir confianza y dotar de legitimidad esta designación de quien encabezará uno de los máximos órganos de protección de los derechos de las personas frente al Estado.

Las organizaciones y colectivos recordaron que el próximo titular del organismo nacional enfrentará una grave crisis de derechos humanos que contabiliza más de 40,000 personas desaparecidas, más de 300,000 homicidios, 3,000 fosas clandestinas, 26,000 cuerpos sin identificar y nueve feminicidios cometidos cada día.

De acuerdo con la ley de la CNDH expedida en 1992, la Cámara Alta recibirá las propuestas de posibles candidatos para presidir por un periodo de cinco años el organismo nacional, para posteriormente realizar una consulta y entrevistas a los interesados con el fin de conformar una terna y someterla a votación del pleno.

La convocatoria se debe emitir 30 días hábiles antes del 15 de noviembre del 2019, fecha en la que concluye su periodo Luis Raúl González Pérez como titular de la CNDH.

Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red TDT, dijo que ahora se cuenta con el mismo paradigma militar de los dos sexenios anteriores, es decir, con una Guardia Nacional, que a su consideración, no podrá escapar de un pasado de "abusos y violaciones sistemáticos".

 

“Es necesario que se rompa la inercia que se ha venido manejando en casi tres décadas, para que ahora las autoridades estén cercanas a las víctimas, documenten de una mejor manera y no de una manera pésima, como ha sido en muchos de los casos y se debe terminar con el silencio infame y pronunciarse cuando les es viable políticamente”, dijo Ríos Martínez.