En México hemos construido leyes generales sobre atención a víctimas de violaciones graves a derechos humanos, desaparición forzada, búsqueda de desaparecidos, entre otras, pero lo que no hemos hecho como país es establecer un pacto federal de respeto a los derechos humanos, aseveró Juan Carlos Gutiérrez.

El director del centro de litigio estratégico en derechos humanos I(dh)eas, dijo “tenemos un andamiaje constitucional importantísimo, pero tenemos un incumplimiento absoluto, porque no hay un pacto federal para atender a las víctimas de violencia y de violaciones graves a derechos humanos”.

En entrevista Juan Carlos Gutiérrez aseguró que en este sexenio ha habido avances importantes en materia de atención a víctimas, particularmente en el caso Ayotzinapa, sin embargo, hay muchos más casos que requieren atención.

Esa situación, continuó, es una muestra de la necesidad de contar con una política de Estado de atención a víctimas en la que el presidente de la República convoque a los gobiernos estatales a apoyar el Sistema Nacional de Atención a Víctimas que contempla la ley en la materia.

Es por ello que I(dh)eas ha planteado la necesidad de asumir este tema como un tema de justicia transicional.

En ese sentido, Gutiérrez explicó que eso implica reconocer la gravedad del fenómeno, prácticamente como si estuviéramos terminando un conflicto armado y asumir que se requiere una política de Estado de justicia y reparación.

Para ello, es necesario crear un mecanismo contra la impunidad, que reconozca la debilidad del sistema Judicial, que pidiera la asesoría de instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que tuviera dos componentes básicos: uno de verdad y otro de reparación.

El de verdad para visibilizar y tener el reconocimiento de lo que ha sucedido con los casos, por ejemplo, en la Guerra Sucia se habla de más de 2,000 casos de desapariciones forzadas, pero nadie diseñó jamás una política pública para atender ese problema por lo que no hay ni una sola condena de esos casos.

El experto destacó que el principal problema es que en México no hay verdad, aún cuando es uno de los temas fundamentales para las víctimas. “Es necesario visibilizarlas y a los perpetradores”, remarcó.

Por otra parte, mencionó que es necesario un mecanismo de reparación integral, donde también se solicite la asesoría internacional para crear un marco equitativo que permita señalar cuáles son las medidas de reparación del daño.

En ese sentido consideró que para conseguir la no repetición de atrocidades se requiere abatir la impunidad, lo cual implica conocer la verdad y aplicar la justicia y la reparación del daño.

Los estados no hacen su tarea

Por otra parte, el activista aseguró que hay entidades federativas que, a siete años de haberse publicado la Ley General de Víctimas (LGV), todavía no tienen a un titular de su Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como Guanajuato, con todo y la violencia que padece.

Además, hay varias entidades donde no hay comisión local de búsqueda de personas desaparecidas como es el caso de Oaxaca.

Lo peor, añadió, es que en los casos donde sí existe la estructura de apoyo a víctimas no tienen fondos o no cuentan con el presupuesto necesario para operar y cumplir a cabalidad con su misión. “Los gobiernos estatales no tienen como prioridad atender a las víctimas”.

El especialista en acompañamiento a víctimas de violaciones de derechos humanos explicó que esa situación ha generado que las personas que sufren esas vejaciones, al no tener una instancia donde tengan protección y ayuda, se trasladan a la Ciudad de México para solicitar la intervención del gobierno federal, cuando, en un sentido estricto, la responsabilidad de atenderlas está en los gobiernos estatales.

Hay una crisis de atención a víctimas

En otro aspecto, el director de I(dh)eas destacó que en México es claro que tenemos una crisis de atención a las víctimas de violaciones graves a derechos humanos, sobre todo porque hay más de 70,000 casos de desaparición de personas, un número indeterminado de víctimas de tortura y ejecuciones extrajudiciales. Todo ello, sin contar los casos de delitos contra migrantes, feminicidios, violencias contra la mujer y detenciones injustamente.

Indicó que, si bien en los últimos tres sexenios ha existido una situación muy compleja en la materia, la respuesta del Estado mexicano ha sido por un lado la impunidad.

En su opinión, el tema central tiene que ver con la administración de justicia. Mientras no exista realmente una atención adecuada a las personas a quienes les violan sus derechos humanos y que exigen justicia, van a pasar por circunstancias que generan revictimización.

Omisiones

El directivo de esa organización de la sociedad civil explicó que una de las grandes omisiones del Estado mexicano en la materia es en la procuración e impartición de justicia. “Ese es el fundamental”.

Además, no se protege a los testigos de procesos judiciales en contra de grupos de poder como de la delincuencia organizada. El Estado no tiene la capacidad de proteger ni a víctimas, ni a testigos, recalcó.

Aunado a ello, consideró que es una constante la corrupción institucional, lo cual ha generado que en muchos estados haya una desconfianza absoluta en las fiscalías, lo cual se agrava cuando los propios funcionarios están involucrados en desapariciones, secuestros o torturas.

Por ello, mientras no exista un real acceso a la justicia, va a ser muy complicado que las víctimas accedan a mecanismos de protección y sientan satisfechas sus demandas.

Además, no existe una preparación adecuada, de los funcionarios de las policías, fiscalías y judiciales para atender de manera adecuada a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos. Lo preocupante, dijo, es que en muchas instancias de gobierno no han entendido que tienen la obligación de atender a las víctimas de delitos graves o violaciones a derechos humanos.

Descalificación

Por otra parte, llamó la atención en otro problema grave que tiene que ver con la descalificación a las víctimas y a quienes apoyan a las víctimas.

En lugar de atenderlas, dijo, se les traslada la culpa de lo que padecieron. “Si una mujer fue víctima de violencia sexual es por andar en la calle; si es víctima de tortura, algo habrá hecho para que la torturen o si desaparecen a alguien es porque en algo andaba. Siempre se trata de dar una justificación a las violaciones de derechos humanos y eso tiene que ver con una cultura histórica de la sociedad que no hemos podido superar que es el merecimiento a ser víctima de violación de derechos humanos”.

Sobre el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, Juan Carlos Gutiérrez opinó que son varias las razones por las cuales no funciona, pero destaca la burocratización de las instituciones involucradas. En muchos casos no han hecho una correcta selección de personal, que sea sensible y con la capacidad para el puesto que desempeñan.

Es por ello, que en lugar de proteger a las víctimas las maltratan, más cuando vienen de ministerios públicos o policíacos, aseguró.

Dijo que eso explica que todo el tiempo haya reclamo, plantones y huelgas ante sus instalaciones. Asimismo, aseguró que la CEAV se convirtió en una institución que para evitar reclamos se ha dedicado a repartir dinero a víctimas y nada más.

Mencionó que eso originó que no se haya avanzado en la atención integral del problema. No se avanzó en las disculpas públicas o resolver los temas estructurales que generan violaciones a derechos humanos. “La CEAV se ha convertido en una instancia de programas sociales o becas a víctimas”, agregó.

diego.badillo@eleconomista.mx