Pese a que México padece una crisis en materia de atención a víctimas de violaciones graves a derechos humanos, el gobierno mexicano incurre en omisiones para atender, proteger y reparar integralmente a las personas que sufren actos atroces, debido a que existe una ineficacia operativa del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV).

El 9 de enero de 2013, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de víctimas (LGV), la cual fue modificada en 2017.

A partir de ese ordenamiento se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), sin embargo, diversas organizaciones que tienen como causa el acompañamiento de las víctimas, como el Observatorio Ciudadano de Derecho de las Víctimas, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y el centro de litigio estratégico en derechos humanos I(dh)eas, consideran que el sistema no ha funcionado de conformidad con las atribuciones y capacidades que le fueron conferidas en ley.

Esa situación ha sido planteada incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante quien han denunciado que el SNAV padece una profunda discrecionalidad, improvisación y burocratización de procedimientos, entre otras limitaciones estructurales e institucionales.

Falta voluntad política: CNDH

Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ante el evidente escenario de violencia, inseguridad pública e impunidad que afecta al país y la victimización que dichos flagelos originan, la operación de las comisiones de víctimas; de los fondos de apoyo, asistencia y reparación integral y de la asesoría jurídica victimal, representan instrumentos centrales de una política pública nacional de atención integral a las víctimas.

Sin embargo, refiere que los avances logrados en materia de víctimas, principalmente normativos, algunos indicadores de victimización aún evidencian una marcada debilidad institucional, la falta de voluntad política para la generación de consensos a favor de los derechos de las víctimas y una inmensa brecha entre el marco jurídico y su implementación.

En su informe de labores 2019, presentado el pasado mes de enero, señala que los esfuerzos institucionales realizados, a partir de la entrada en vigor de la LGV, para la implementación y operación del SNAV han sido insuficientes y desarticulados, pues en desacato al mandato que deriva de la LGV, relativo a que las entidades federativas armonicen su marco normativo, sólo han sido creadas las comisiones estatales de atención a víctimas en 21 entidades federativas.

Además, de ese número, 13 entidades —Chihuahua, Coahuila, Colima, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas—, han constituido el correspondiente fondo de ayuda, asistencia y reparación integral.

Deficiencias en operación del RENAVI

Una de las principales fallas del sistema es la ausencia de un plazo para la integración al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), lo cual ha generado una mayor vulnerabilidad de las víctimas, pues su inscripción a dicho registro representa un paso obligatorio para su acceso a las medidas de asistencia y reparación integral previstas en la ley.

De acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación, de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020, se inscribieron a ese registro 8,765 víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, de las cuales 42.5% son del ámbito federal.

De las 3,728 personas registradas del ámbito federal, 1,069 son víctimas directas, 2,658 indirectas y un colectivo.

De los 5,037 registros del ámbito local incorporados, 3,649 son víctimas directas y 1,388 indirectas.

En el periodo de referencia, se iniciaron 893 expedientes en materia de atención de víctimas de delitos. En el área de Asesoría Jurídica Federal se encuentran activos 3,769 expedientes de diferentes materias.

Resoluciones

Al mes de agosto de 2020, la CEAV emitió 180 resoluciones de acceso a recursos del Fondo de Apoyo, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) a través de las cuales se atendieron 12,456 solicitudes de víctimas de violación de derechos humanos o delitos.

De acuerdo con organizaciones no gubernamentales, una de las deficiencias del sistema es el área de asistencia legal, pues, hasta el año pasado el CEAV contaba con 152 asesores jurídicos para brindar atención y acompañamiento a víctimas de delito y violaciones a derechos humanos. Cada uno de ellos atendían, en promedio, 105 expedientes o casos. En la defensoría pública de oficio para personas imputadas había 884 abogados.

Menos presupuesto

De acuerdo con el documento “Paquete Económico 2021. Análisis con enfoque de derechos y lucha contra las desigualdades” realizado por Fundar, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, contempla una disminución presupuestal para la CEAV de 2%, en relación al PEF 2020 (36 millones menos) y de 4% en relación al PEF 2019 (71 millones menos). Estos decrementos han influido en que la CEAV haya sido muy criticada en 2019 y 2020 por grupos de víctimas que han dejado de recibir apoyos que, por ley, deberían garantizarles.

El documento refiere que otro fideicomiso relevante es el Fondo de Ayudas, Asistencia y Reparación Integral a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Su fin es servir como mecanismo financiero para el pago de reparación integral a víctimas de violaciones a los derechos humanos. En el PPEF 2021 le fueron asignados 431 millones, lo que representa una disminución de 3.5% respecto a lo aprobado en 2020 (446 millones).

diego.badillo@eleconomista.mx

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