C-176: El reto no es legislativo, es la inspección e informalidad en las minas

La ratificación del Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no implicará ajustes relevantes a la normativa mexicana, pero sí podría ser una forma que ayude a evidenciar malas prácticas en el sector minero, específicamente con la minería informal, la cual, de acuerdo con expertos, es el verdadero reto en el país, así como la falta de inspectores capacitados. 

Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la Oficina País de la OIT para México y Cuba ya había anticipado que la ratificación es un reconocimiento de la estructura y relevancia de la Organización Internacional del Trabajo, ya que en cuanto a hacer modificaciones a la normativa no se requeriría mucho, puesto que la legislación ya está alineada en su mayoría.

En palabras de Víctor Coria, asociado senior en la firma Santamarina y Steta, el país ya tiene “una normativa robusta”, en realidad, “el reto está en la minería informal” que en su mayoría deriva en extracciones clandestinas. La Ley de Minería dice que la extracción ilegal sucede cuando se realiza sin haber sido objeto de concesión o en zonas de reservas mineras.

Agrega que en la industria formal “hay un alto estándar de regulación y compromiso por cumplir”, pero en la informal no, además hay participación del crimen organizado. “Es ahí donde yo no estoy seguro de que vamos a poder estar en cumplimiento total”, dice en torno a la ratificación del Convenio.

Por su parte, Adrián Castillo, socio de Von Wobeser y Sierra, coincide en que, al no tener permisos de explotación, esa industria informal tampoco se sujeta a revisiones por parte de las autoridades, no se apegan a la norma y carecen de condiciones de seguridad y medidas apropiadas para un trabajo digno.

“Las personas trabajen bajo condiciones insalubres, condiciones inseguras. Eso me parece que no se corrige con la ratificación del convenio y es donde debería estar la preocupación del Estado mexicano, cómo llevar a todos esos centros de trabajo primero hacia la formalidad o regularización”.

Pero aún con esto, se suma un reto más, la falta de inspecciones especializadas que verifiquen se cumple la ley. Según el informe Inspeccionando la inspección en México: el caso de la industria indumentaria, elaborado por Colectiva Raíz, Prodesc, Prosociedad, Vida Plena Puebla e Igualab, Intersecta, Avina, Arropa, el personal es insuficiente.

Inspecciones insuficientes para cumplir con el Convenio 176

Datos del informe sobre inspecciones muestran que en México solo hay 650 inspectores federales del trabajo adscritos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), de los cuales 180 tienen una plaza eventual que vigilan las condiciones laborales generales, pero se desconoce cuántas se encargan de revisar la seguridad e higiene, y capacitación y adiestramiento de los centros de trabajo, en cualquier escenario, el número es pequeño.

Por ello, el asociado senior en Santamarina y Steta comparte que en el país “no hay suficientes inspectores, y peor aún, no hay suficientes inspectores que conozcan la conflictividad de una mina”, lo cual es vital para realizar inspecciones de seguridad a las instalaciones, ya que deben conocer las funciones y riesgos de cada actividad.

“Llega un inspector y no conoce cuál es la labor de una cuadrilla en específico, por ejemplo, en las minas subterráneas hay personal que llevan a cabo labores de amacice, si un inspector no sabe cuál es la labor de estas personas se va a limitar a la información básica de medidas de seguridad generales”.

En esa línea, afirma que el gobierno debe capacitar más a sus inspectores con información muy específica enfocada en la industria minera”.

El socio de Von Wobeser menciona que los esfuerzos requieren llevar a cabo la “verificación del cumplimiento de las normas con una estructura robusta”, y ahí la inspección es clave, pero la STPS podría requerir el apoyo de la Secretaría de Economía para “tener las manos suficientes para visitar los centros de trabajo” y detectar posibles irregulares que pueden denunciarse como actividades ilícitas.

Detalla que a la autoridad le faltan recursos materiales para tener los inspectores y capacidad técnica suficientes para revisar los centros de trabajo, especialmente en los lugares de minería informal mediante una estrategia integral que involucre a fiscalías, sectores económicos y autoridades laborales.

“Podría dar un gran resultado el llevar a cabo operativos conjuntos de todas las autoridades Secretaría de Economía, Secretaría del Trabajo, todas las secretarías que estén envueltas en el proceso minero, incluida la Secretaría de Hacienda con un trabajo focalizado en ese mercado que impulse llevar hacia la formalidad”.

Convenio 176 no impactará a minería formal

Los abogados recuerdan que los accidentes en la industria minera que se han registro en el país, en su mayoría han ocurrido en el sector informal porque no cuentan con las condiciones de seguridad e higiene que la norma exige. “Tuvimos un accidente terrible en Coahuila, y al día de hoy todavía no se pueden sacar los cuerpos”, dice Castillo.

A decir de Víctor Coria, el trabajo en minería es de alto riesgo, y cuando esto se combina con desatención el resultado es mortal, no obstante, explica que la minería informal resalta o se detecta cuando hay accidentes. “Así es como te das cuenta de que hay minas clandestinas”.

Por ello, comparten que, en realidad, la minería formal no verá grandes cambios en cómo ya trabaja pues en realidad la normativa ya está alineada al estándar internacional de la OIT.