El Sistema de Atención a Víctimas (SAV) es fundamental para un país como México que se encuentra seriamente lastimado por violaciones graves a los derechos humanos y por la comisión de delitos que continúa incontrolable. Por lo tanto, la apuesta de los gobiernos federal y estatales debería ser reestructurar y fortalecer este sistema, afirmó la coordinadora del área de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Nancy Jocelyn López Pérez.

En entrevista, dijo que debe colocarse al frente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas (CEAV) a una persona que entienda las necesidades de las personas que han padecido violaciones graves a sus derechos humanos.

Afirmó que, actualmente hay un desdén y un abandono del gobierno federal hacia esa institución, la cual no está a la altura de las circunstancias.

Vemos una falta de compromiso del gobierno federal para que ese organismo cuente con las condiciones adecuadas para cumplir con su función, indicó.

Para la activista, muchas de las dinámicas que ha venido trabajando la CEAV desde el 2014, han sido infructuosas y en algunos casos contraproducentes. Incluso “en muchos sentido revictimizantes”.

Ante esa situación, se requiere un trabajo muy fuerte, integral, de fortalecimiento y eso sólo va a ser posible, si hay un compromiso con las víctimas de parte del gobierno federal, recalcó.

Es una institución colapsada 

La activista relató que desde que se instaló la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha habido varias etapas. Cuando inició funciones, en 2014, tenía una estructura totalmente diferente a la que ahora tiene. No tenía comisionado ejecutivo, sino varios consejeros que, de manera colegiada, actuaban.

Posteriormente se hizo una reforma en la que se incluyó la figura de Comisionado Ejecutivo.

Durante los últimos años ha habido una serie de desencuentros internos y tensiones con colectivos de víctimas y con organizaciones de la sociedad civil.

Eso ha propiciado que se hayan acumulado muchas quejas en contra del funcionamiento de ese instrumento.

Dijo que esa situación ha generado que una institución que fue diseñada para la atención de víctimas se encuentre hoy totalmente colapsada.

En su opinión la rotación en los titulares de esa comisión es un reflejo de todos los problemas internos, entre ellos, la falta de un modelo sólido de atención a víctimas, la falta de una estructura sólida.

Recordó que, en su momento, la ahora excomisionada Mara Gómez Pérez expuso la falta de recursos, debido a la política de austeridad implementada por el gobierno federal. Además, reveló que la estructura era muy débil y se sostenía por trabajadores que no estaban contratados, además de que las oficinas en donde operaban eran rentadas.

Ahora nos encontramos ante un escenario todavía más complicado porque no hay titular y ni siquiera se habla de un proceso para designarlo, remarcó.

La especialista mencionó que, hasta el momento, lo que ha podido hacer la comisión es implementar algún tipo de medidas poco claras que han causado molestia a las víctimas y en algunos casos las han puesto en riesgo.

Por otra parte, explicó que los numerosos juicios de amparo en contra de la comisión, promovidos por víctimas, son consecuencia de demora en peticiones realizadas, que no son contempladas por el organismo, así como ante la falta de fundamentación y motivación de decisiones que emite y por decisiones sobre reparación.

En este último caso, indicó que algunos funcionarios de la propia comisión han señalado que eso es consecuencia de que las víctimas no están conformes con lo que se les indemniza.

El principal problema es que los criterios para emitir medidas de reparación no han sido claros. Por eso hay casos que se reparan con cantidades completamente diferentes a las víctimas, lo cual genera controversias y molestias, expuso.

La activista también llamó la atención de que en los últimos meses la CEAV ha estado notificando a víctimas que reciben algún tipo de apoyo de que sus medidas de ayuda como alimentación y vivienda serán sujetos de una reevaluación para saber si siguen siendo objeto de ellas.

Dijo que ni la Ley General de Víctimas, ni el reglamento —que está basado en ley anterior y no la actual—, no señalan que es una obligación de someterse a un proceso de reevaluación, cuando no han superado la condición de vulnerabilidad que enfrentan. Esa es una clara situación revictimizante, recalcó.

diego.badillo@eleconomista.mx

kg