Especialistas coincidieron en que el gobierno federal evade asumir la responsabilidad sobre los altos niveles de violencia política que se registran en el país, al integrar a los gobiernos estatales en la protección a candidatos a cargos públicos.

En la conferencia presidencial de ayer 12 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que el gobierno federal protegerá, a través de la Guardia Nacional, sólo a los candidatos que soliciten protección y que compitan por alguna de las 15 gubernaturas, así como una diputación federal.

En tanto que serán los gobiernos estatales los encargados de otorgar protección a los aspirantes a alguna diputación estatal o cargo municipal.

En la misma conferencia, el mandatario presentó la actualización del informe sobre violencia política correspondiente al periodo entre el 9 y el 11 de abril en donde se da cuenta de siete hechos de violencia política suscitados en seis estados: Chihuahua (1), Veracruz (1), Guerrero (1), Baja California (2), Jalisco (1) y Michoacán (1).

Entre los casos destacó el asesinato de Luis Roberto Don Félix, aspirante a regidor independiente por el municipio de Tecate, Baja California, quien murió después de que sujetos armados le dispararan mientras se encontraba en su auto estacionado en un centro comercial.

Para Rubén Salazar, director de la consultora Etellekt, el que el gobierno federal sólo proteja a los candidatos a gubernaturas y diputaciones federales es una forma de evadir su responsabilidad ya que, indicó, la mayor parte de las víctimas de violencia política son aspirantes a cargos municipales o políticos del mismo nivel de gobierno.

Homicidios de aspirantes

Salazar detalló que hasta ayer, 12 de abril, en el país se registraban 68 políticos víctimas de homicidio doloso de los cuales 21 eran aspirantes a algún cargo público; de ellos 15 buscaban alguna alcaldía y tres una regiduría.

“Es un problema que me parece que no terminan por comprender las autoridades”, dijo.

El director de Etellekt añadió que de acuerdo con los análisis que ha hecho la consultora, los estados con mayor riesgo de violencia política en la actualidad son San Luis Potosí, Chihuahua, Sonora, Veracruz y Guerrero.

En el caso de los primeros cuatro estados, apuntó, la polarización política que hay es un factor importante para la violencia política mientras que en el caso de Guerrero, además la actuación del crimen organizado es otro factor que se suma.

Por su parte, Carlos Rubio, gerente de Riesgo Político de Integralia coincidió que el que se hayan integrado a los gobiernos locales en la protección a aspirantes es una forma de compartir la responsabilidad sobre la posibilidad de que el plan de protección a aspirantes presentado a nivel federal falle.

“Lo que falta es que el gobierno federal lleve una investigación a cabo a fondo, consciente desde el gobierno, para tratar de entender las causantes detrás de esta violencia. Hemos notado, por ejemplo, que el gobierno mismo se ha basado en las cifras que nosotros y otras consultoras han estado recabando a lo largo de los últimos meses (...) entonces no hay cifras oficiales”, dijo.

Rubio refirió que de septiembre del 2020 a marzo pasado Integralia ha detectado 137 incidentes de violencia política; de ellos 22 fueron asesinados de candidatos a cargos públicos.

El especialista añadió que en febrero se registraron 30 incidentes de violencia política y marzo fueron 21, lo que los colocó como los meses con mayor número de incidentes de violencia política desde que inició el proceso electoral.

Sobre los estados con mayor riesgo de violencia a políticos comentó que se ha identificado a Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Guanajuato.

hector.molina@eleconomista.mx