La violencia política que se vive en lo que son las elecciones más grandes de la historia de México, pone en riesgo no sólo la vida de personas y candidatos sino la democracia del país, lo que se ha convertido en un factor que “desalienta, atemoriza, inhibe y trastoca nuestras libertades”, afirmó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.

El líder patronal se pronunció porque “por ninguna razón la violencia se normalice y a que como sociedad alcemos la voz para que la violencia política no enturbie una elección tan trascendente como la que viviremos este año”.

Uno de los principales riesgos, de cara a la elección del próximo 6 de junio, es la colusión con el crimen organizado por parte de candidatos o políticos.

En este sentido, Medina Mora pidió al INE y autoridades de los tres niveles monitorear los perfiles de los aspirantes, para cerrar cualquier resquicio por el que puedan acceder a candidaturas personajes vinculados al crimen organizado.

“La responsabilidad de los partidos en la revisión de los antecedentes de sus postulados debe ser el primer filtro”, estableció a través de la Señal Coparmex.

El organismo patronal realizó un análisis de cara a las elecciones del 6 de junio donde se renovarán más de 21,000 cargos de elección popular entre ellos la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas, donde advierte que estos comicios “pondrán a prueba nuestra democracia” por la pandemia del Covid-19, pero sobre todo por el nivel de violencia que se vive.

Refirió, desde el 7 de septiembre del 2020, en el que inició formalmente el proceso electoral, y hasta el 20 de marzo de 2021, el Indicador de Violencia Política en México (IVP) publicado por Etellekt Consultores, registró un total de 238 agresiones contra personas políticas con un saldo de 218 víctimas de diversos delitos, de las cuales 166 eran hombres y 52 mujeres.

De acuerdo con un reporte elaborado por Integralia Consultores, dijo, muestra que hasta febrero se contabilizaban 75 asesinados categorizados como violencia política. De ellos, 51.6% han sido en contra de funcionarios en activo, 19.8% a militantes y aspirantes a cargos de elección popular, 13.2% contra ex funcionarios públicos, y 15.4% en contra de activistas y periodistas.

“Preocupa que no se haya generado una estrategia con suficiente anticipación, ya que de haber existido podría haberse evitado la pérdida de vidas humanas”, lamentó el presidente de la Coparmex.