De cara al proceso electoral más grande de la historia y ante el contexto de violencia que se enfrenta en México, el gobierno federal dio a conocer la estrategia de seguridad que empleará para detectar amenazas, riesgos y vulnerabilidades a los que están expuestos aspirantes, candidatos y servidores públicos, sobre todo del ámbito municipal, durante los comicios.

Las autoridades indicaron que Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco son los estados en donde se ha identificado que existe mayor riesgo de que los aspirantes y candidatos sean cooptados por la delincuencia.

Entre las estrategias de violencia que utilizan los criminales, dijo Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, están el homicidio, los secuestros, la privación de la libertad, la intimidación de familias, la quema de domicilios y la extorsión.

Mientras que cooptan acercándose a los precandidatos y se coluden con actores políticos y gobiernos locales desde antes del proceso electoral.

A los aspirantes, agregó la secretaria de Estado, el crimen organizado ofrece financiamiento o donativos en especie o les otorga protección y personal para sus campañas y, en algunas regiones, el crimen intenta designar candidatos al tomar el control de las finanzas; extorsionan, piden moches y diezmos, tanto a los gobiernos como a sus proveedores.

La estrategia

Ante este panorama se planteó una estrategia con nueve puntos de acción para proteger a los actores políticos durante el proceso electoral cuya jornada de votación será el 6 de junio.

Entre ellos están hacer un llamado a partidos políticos y autoridades electorales para que los candidatos cumplan con requisitos de ley; establecer mesas de trabajo entre la Secretaría de Gobernación y la SSPC, partidos políticos, fiscalías y autoridades locales competentes para compartir alertas que permitan prevenir y atender casos de registro de candidatos con vínculos con la delincuencia organizada.

Asimismo, se planteó consultar con los gobernadores, la aplicación del plan, con énfasis en las medidas de protección a personas candidatas amenazadas, aunado a reforzar la estrategia de seguridad en las entidades federativas y municipios de alto riesgo.

Además de aplicar criterios de incorporación y atención de aspirantes y candidatos amenazados y determinar los niveles de riesgo y protección.

Así como evaluar de manera semanal el avance de esta estrategia y presentar un informe en el gabinete de seguridad federal.

La secretaria Icela Rodríguez, detalló que de septiembre de 2020 a febrero pasado se han registrado 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los cuales hubo 64 víctimas de homicidio.

En ese sentido, añadió que el diagnóstico arroja que actualmente más de la mitad de los eventos de violencia política con asesinados y heridos se presentan en los estados de Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.

Cobertura nacional

En entrevista, Enrique Vargas, presidente municipal de Huixquilucan, Edomex y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), consideró que este plan de protección para actores políticos debe contar con una cobertura en todo el país.

Vargas reconoció que desde hace mucho tiempo el crimen organizado es la principal amenaza ya que se han apoderado de regiones completas.

Aunado a ello, opinó, las diferencias políticas es otro de los riesgos que existen actualmente al buscar una candidatura.

El presidente de la ANAC recordó que desde 2018 se buscó impulsar un catálogo de seguridad para presidentes municipales, sin embargo, lamentó que al actual gobierno ya no le interesó este protocolo de protección, el cual incluía contar con una línea directa a la Segob para denunciar posibles atentados y así actuara la Federación de manera inmediata.

maritza.perez@eleconomista.mx