Pese a los avances para erradicar la violencia política contra las mujeres, aún está pendiente la voluntad por parte de la sociedad, partidos políticos e instituciones electorales para garantizar el cumplimiento del marco jurídico que establece la protección a sus derechos políticos-electorales.

Entrevistada por El Economista, la académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Georgina Cárdenas, reconoció que de cara al proceso electoral más grande de la historia del país, México cuenta con un paquete leyes que expresa en qué consiste la violencia política contra las mujeres, cómo atenderla, prevenirla, sancionarla y reparar el daño.

Señaló que ha identificado que la violencia política contra las mujeres por razón de género surge en distintas áreas de la vida pública, pero enfatizó que también hay mujeres que ejercen este tipo de violencia contra sus propias compañeras. Agregó que las instituciones electorales han trabajado en erradicar estas prácticas, aunque hace falta un esfuerzo mayor dentro de los partidos políticos.

“Desde la academia hemos identificado que es necesario un discurso más consistente por parte de los partidos políticos y que no solamente queden en términos declarativos el compromiso con las mujeres, sino que sean efectivos y deben realizar un acompañamiento cuando hay víctimas de algún tipo de violencia”, dijo.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS) del Instituto Nacional Electoral, hay un total de 20 personas sancionadas por ejercer estas prácticas, de las cuales 16 son hombres y cuatro mujeres.

Campeche es la entidad con mayor número de personas sancionadas al acumular cinco, seguido por Quintana Roo y Veracruz con cuatro casos respectivamente, Yucatán con dos sanciones, e Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Sonora y Tabasco con un caso cada estado.

Entrevistada por El Economista, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez (Morena), adelantó que la próxima semana el grupo de trabajo aprobará por consenso de todas las fracciones parlamentarias un dictamen de 48 iniciativas que se basa en promover la perspectiva de género e igualdad sustantiva.

“Tenemos que darle al Estado esa atribución y mandato que cargue toda la fuerza institucional para contrarrestar la violencia hacia las mujeres”, enfatizó.

En tanto, su compañera de bancada, Lorena Villavicencio, resaltó la urgencia de una política de Estado promovida desde la Federación que incluya a los estados, municipios, fiscalías y poder judicial donde las mujeres sean el eje rector, y se vea reflejada en el presupuesto público.

“Estaremos estableciendo una mesa de seguimiento u observatorio para las denuncias o quejas que se promuevan por violencia política. No permitiremos que se brinde impunidad ”, expresó.

marisol.velazquez@eleconomista.mx