Eduardo Cervantes Aguilar es el polémico y desinformado acalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, que desconoce cómo ocurrieron los hechos en que Giovanni López, un albañil de 30 años de edad, fue detenido por sus policías tras una falta administrativa y luego devuelto sin vida a sus familiares sin explicación suficiente. 

Ese desconocimiento del munícipe y su mala maniobra política para aclarar esta muerte se convirtió en la justificación perfecta para el resurgimiento de las protestas contra los actos de abuso de poder por parte de las autoridades y provocó otro choque entre el gobierno de Jalisco con el poder central, personificado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora por una supuesta promoción del vandalismo en las manifestaciones de ayer en Guadalajara que exigían aclarar la muerte de Giovanni López.

Cervantes Aguilar se graduó en la Universidad de Guadalajara (UDG), pero su carrera la hizo en la política; en Ixtlahuacán de los Membrillos, uno de los municipios que conforman el área de metropolitana de Guadalajara, pero geográficamente más próximo al lago de Chapala.

Allí, en la calurosa y húmeda Ixtlahuacán de 55,000 habitantes, Eduardo Cervantes desconoció este miércoles porqué o cómo es que fue detenido Giovanni López. El motivo, según su policía municipal, por no usar cubrebocas en vía pública para protegerse del coronavirus y por agredir a los agentes de la corporación policiaca; pero la causa del deceso de López sólo la conoce el juez municipal, lanzó el presidente de Ixtlahuacán en una declaración muy opaca. 

Como opaca ha sido su declaración sobre el fallecimiento de Giovanni López, también turbia es la carrera de Cervantes Aguilar, desde que se hizo regidor por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el ejercicio 2007-2009; luego secretario general en la alcaldía de Ixtlahuacán por dos trienios y hasta que en 2015 alcanzó la presidencia municipal, de la que resultó reelecto en 2018.

En noviembre de 2016 se conoció que Eduardo Cervantes vendió terrenos en el año 2012 pero nunca entregó los títulos de propiedad de dos predios a Álvaro Corona Piceno, por entonces director de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos. La familia de Corona Piceno denunció entonces al secretario general, cargo que Cervantes ocupaba en ese tiempo, por la desaparición del director de policía.

“Lo último que supimos es que Álvaro recibió una llamada en la que le dijeron que le iban a entregar el dinero de los terrenos a él. Lo hicieron ir a Ixtlahuacán de los Membrillos…”, declaró una familiar del desaparecido, según recoge una nota del periódico tapatío El Informador.

Un año después de conocerse la desaparición de Álvaro Corona Piceno, ya en 2017, su hermano fue muerto en las inmediaciones de su hogar. La familia culpó al ahora alcalde Eduardo Cervantes de haber estado detrás ese asesinato.

Eduardo Cervantes fue investigado además por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada por una presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y por participar en la venta de armas a civiles, a los que en Ixtlahuacán se hacían pasar por policías municipales.

El nombre de Cervantes apareció en una serie de informes presentados el 15 de junio de 2015 por la entonces PGR, en el que también se revelaron otros nombres relacionados con las autodefensas de Michoacán, documentó la página Partidero.com. 

Para el año 2018, la candidata por Movimiento Ciudadano, Otilia Diaz Enciso, a la municipalidad de Ixtlahuacán, denunció a Cervantes ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) por amenazas de muerte a su esposo, como modo para obligarla a retirarse de la carrera por la cabecera municipal. Otilia Diaz Enciso informó entonces que recibió en su celular el video de una tortura como ejemplo de lo que sufriría su marido con las supuestas amenazas.

No sólo Eduardo Cervantes es perseguido por todas esas historias y mucho menos las ha aclarado. Sus elementos de la policía municipal también presentan antecedentes penales. Para 2017, tres de ellos fueron detenidos y acusados del secuestro y asesinato de un inspector de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Fue hasta abril que fueron condenados a 25 años de prisión.

Todavía hoy, las autoridades de Jalisco indicaron que el alcalde priista de Ixtlahuacán, Eduardo Cervantes, está citado para declarar por la muerte de Giovanni López y que el próximo lunes asistirá a la fiscalía estatal para responder por otras carpetas de investigación abiertas que lo implican, mientras el gobierno estatal toma el control de la policía de Ixtlahuacán, la autoridad municipal que con sus actos proyectó a nivel nacional el nombre de Eduardo Cervantes Aguilar.