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CNA sanciona colusión en rentas de locales comerciales con multas por más de 500 mdp
La autoridad de competencia concluyó que compañías inmobiliarias y una asociación empresarial acordaron límites a descuentos para arrendatarios durante la pandemia; estima un daño de 404 millones de pesos
La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) impuso sanciones por más de 500 millones de pesos a empresas del sector inmobiliario, a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y a diversas personas físicas por establecer acuerdos para manipular precios relacionados con el pago de renta de locales comerciales.
Las empresas sancionadas son:
- Grupo Danhos.
- GICSA.
- Liverpool.
- Acosta Verde.
- Chedraui.
- DMI.
- ARYBA.
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Según la CNA, durante la pandemia de COVID-19 las compañías "se coordinaron para fijar descuentos máximos y para el no otorgamiento de estos para los inquilinos de los locales de sus centros comerciales".
La autoridad señaló que las condiciones extraordinarias derivadas del cierre de actividades no eximían a las empresas del cumplimiento de la legislación en materia de competencia económica.
"En su momento la Comisión enfatizó que, a pesar de las dificultades derivadas del cierre de actividades, la ley y la normativa en materia de competencia económica seguían aplicando, por lo que las empresas no debían coordinarse con sus competidores", indicó el organismo.
La CNA precisó que las empresas tenían la facultad de definir de manera individual las condiciones comerciales ofrecidas a sus arrendatarios.
"Las empresas pueden establecer libre y unilateralmente los descuentos que están dispuestas a negociar con sus locatarios", señaló la Comisión.
No obstante, agregó que "la práctica sancionada consistió en coordinar el ofrecimiento de descuentos previamente acordados entre competidores".
Como resultado de la conducta investigada, la autoridad estimó un daño económico de aproximadamente 404 millones de pesos.
La Comisión advirtió que las prácticas anticompetitivas en el mercado de renta de locales comerciales impactan los costos de operación de los negocios y pueden trasladarse al empleo y a los precios de bienes y servicios.
"Las prácticas anticompetitivas en el sector inmobiliario no sólo impactan en los costos de los comercios, sino también al empleo y los precios de los bienes y servicios que éstos ofrecen, afectando así al bienestar de la población en general".
Los agentes económicos sancionados podrán impugnar la resolución ante los tribunales especializados, puntualizó.
