Presupuesto restringido impacta condiciones laborales de conciliadores

Los Centros de Conciliación son una pieza clave para la resolución de conflictos entre trabajadores y empleadores en México. Sin embargo, mientras estas instituciones buscan agilizar el acceso a la justicia laboral, sus propios trabajadores enfrentan una operación con un presupuesto reducido, altas cargas de trabajo, limitaciones operativas y condiciones que han generado preocupación, según especialistas. 

Instituciones como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) y sus pares locales, creadas con la reforma al Sistema de Justicia Laboral en 2019, enfrentan limitaciones presupuestarias que impactan las condiciones laborales de su personal, aun cuando el sistema es un pilar fundamental del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

No obstante, expertos afirman que el sistema opera con un presupuesto ajustado que ha derivado en la precarización laboral de los conciliadores, quienes incluso costean con sus propios recursos parte del funcionamiento.

Para 2026 se asignó un presupuesto de 1,492 millones de pesos al CFCRL, un incremento del 63% respecto al año previo; no obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reservó el 70% de esos recursos, equivalente a 1,050 millones de pesos, en una partida que no se puede tocar.

Esta restricción financiera tiene consecuencias directas. Ernesto de la Puente, asociado senior en Santamarina y Steta, señala que mientras programas como Jóvenes Construyendo el Futuro concentran la mayor parte de los recursos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), las áreas fundamentales sobre justicia laboral operan con limitaciones severas.

Presupuesto limita recursos de conciliación para operar

“Actualmente muchos centros viven al día. Algunos servidores públicos tienen que aportar dinero de su salario para comprar agua o cubrir servicios básicos como la limpieza, porque no se contratan estos servicios a tiempo y muchos centros viven al día porque la realidad del servicio público a veces es complicada”, señala.

Menciona que las condiciones son diferentes para cada estado; por ejemplo, en ciudades principales como Monterrey, Querétaro, Guadalajara o la Ciudad de México, afirma que la situación es mejor que en estados donde hay menores recursos como Chiapas, Oaxaca, Guerrero o Veracruz.

Explica que, en muchos casos, quienes trabajan en los centros de conciliación han normalizado llevar sus propios insumos. “Conozco casos de trabajadores del Centro Federal y de centros locales que tienen que llevar sus propios materiales, como plumas, lápices u hojas para imprimir”.

Las deficiencias en infraestructura afectan la salud y el desempeño de los servidores públicos. En palabras de Katia Everardo, consultora especializada en relaciones laborales y cumplimiento normativo, las escenas críticas se registran principalmente en el sureste del país.

“He acudido a audiencias de conciliación federal en Mérida donde el aire acondicionado no funciona a las 02:00 de la tarde, estoy hablando de lugares donde la temperatura puede llegar a 40 o 42 grados”. Resalta que es contradictorio que quienes ayudan a velar por los derechos laborales trabajen en condiciones tan deficientes.

La experta refiere que la falta de recursos también representa una dilatación en las conciliaciones pues mientras en algunos centros son los conciliadores quienes llevan su material, en otros se les pide a los visitantes que acudan con él.

“He visto trabajadores que dicen que no pueden iniciar la audiencia porque el trabajador no lleva una copia de su identificación y no la pueden imprimir ahí porque no hay recursos y no existe mantenimiento adecuado, las personas tienen que llevar su propia pluma azul o su propia almohadilla dactilar porque el centro no cuenta con estos materiales”, expone.

Katia Everardo agrega que hay centros de conciliación que no tienen baño propio y las personas tienen que trasladarse a otro establecimiento para hacer uso de sanitarios, aunado a que el tiempo entre conciliaciones no permite a los conciliadores tomar descansos o comer. “Están saturados una audiencia tras otra y todo esto impacta en la operación diaria”

Presupuesto ajustado eleva rotación y riesgo de corrupción

Sara Morgan, consultora experta en Derecho Laboral, enfatiza que a esas condiciones se suma una presión sobre los conciliadores para cumplir metas de productividad y conciliación “tienen metas imposibles de cumplir”, subraya.

“Conforme empiezan a trabajar son presionados porque aumentan sus jornadas laborales. No pueden retirarse hasta concluir sus pendientes. Tienen que cumplir con una cantidad de conciliaciones que no pueden alcanzar porque muchos asuntos corresponden a organismos públicos que no van a conciliar. Se enfrentan a un nivel de estrés laboral muy alto”, menciona.

La consultora añade que a esto se añaden amenazas. “Constantemente amenazan al personal con perder su empleo. En esas condiciones es difícil trabajar”. 

En muchos casos pasan hasta tres meses sin cobrar salario o este, en algunas zonas, ronda los 10,000 a 12,000 pesos, dice Manuel Fuentes Muñiz, doctor en Derecho.

El perfil de conciliador en CDMX ofrece una percepción bruta de 22,102 pesos al mes, mientras que, en Monterrey, el salario llega a los 40,000 pesos; sin embargo, en otras entidades apenas superan los 10,000 pesos, por lo que Fuentes Muñiz advierte que este nivel salarial, sumado a la inestabilidad, hace a los conciliadores susceptibles a actos de corrupción.

En el ámbito federal, el 83.87% del personal de los centros de conciliación es eventual. Manuel Fuentes Muñiz explica que, por ley no son permanentes y cada tres años renuevan contrato; no obstante, afirma que, en la práctica, los hacen firmar cada tres meses o menos, una temporalidad que les impide generar derechos de antigüedad o estabilidad.

Los expertos mencionan que la rotación y la falta de presupuesto han creado un escenario de precarización laboral que pone en riesgo no solo el bienestar de los conciliadores, sino también el funcionamiento del nuevo sistema de justicia laboral.

Ernesto de la Puente comparte que la contratación eventual es un problema frecuente, donde resaltan esquemas temporales para labores que son permanentes, mientras que, Manuel Fuentes Muñiz alerta que esto impide una capacitación profunda y duradera.

Sara Morgan dice que es común acordar un trámite con un conciliador y, al regresar un mes después, encontrar a otro porque el anterior ya fue despedido o renunció y debido a que los contratos duran menos de tres meses, los conciliadores no alcanzan a generar derechos para pensionarse.

Katia Everardo refiere que en los centros locales el personal tiene mayor duración, pero en el Federal, la rotación es a veces una estrategia para garantizar la imparcialidad. Los expertos coinciden en que la alta rotación, la contratación temporal y las limitaciones presupuestarias continúan siendo desafíos que debilitan la consolidación del nuevo sistema de justicia laboral y afecta la continuidad de la operación de los conciliadores.