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Capital Humano

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Revisión del T-MEC: México llega con incertidumbre en el presupuesto para la conciliación laboral 

El 70% del presupuesto destinado al CFCRL fue congelado por Hacienda, lo que podría suponer una desventaja para México en el contexto de la renegociación del T-MEC, pues la falta de recursos podría limitar la operación de los centros de conciliación.

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Hacienda reservó 1,050 millones de pesos que estaban destinados para el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).
Foto: STPS.

Nancy Escutia

La consolidación del nuevo sistema de justicia laboral, a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), una de las transformaciones institucionales más ambiciosas y pilar del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), se encuentra en una encrucijada por la incertidumbre en el presupuesto asignado.

El T-MEC exige la existencia de órganos independientes e imparciales para la conciliación y el registro sindical, el CFCRL es un organismo clave en el cumplimiento de ese compromiso. Para 2026 se le asignó un presupuesto de 1,492 millones 372,607 de pesos; pero en la práctica, el 70% de su presupuesto fue asignado a una partida que no se puede ejecutar.

De acuerdo con La Consolidación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el monto asignado para 2026 fue 63% más del presupuesto del 2025, cuando se registró un recorte de 32.5% respecto al año previo. Pero no se puede disponer de la totalidad de esos recursos. 

Según el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto del CFCRL, de su Dirección de Finanzas, 1,050 millones de pesos del presupuesto asignado se dirigieron al rubro de “Inversiones Financieras y Otras Provisiones”, recursos que el propio documento refiere, fueron reservados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desde el 4 de enero de este año y que no pueden tocarse.

Sin poder acceder a ese dinero, los datos correspondientes al primer trimestre del año muestran que el Centro Federal de Conciliación solo ha tenido acceso al 30% del presupuesto que se le asignó, recursos que, en su mayoría, han sido utilizados para cubrir salarios y prestaciones del personal que, además, en su mayoría es eventual (83.87 por ciento).

De hecho, de los 442 millones 372,607 pesos a los que efectivamente ha tenido acceso el CFCRL, 91.58% se dirigió a “Servicios personales”, que contempla las remuneraciones mencionadas y el 8.42% restante se destinó a “Inversión física”, como bienes y subsidios.

Conciliación laboral avanza con presupuesto limitado

Al tener la mayoría del presupuesto en una partida que no se puede ejecutar, los recursos dirigidos a "inversión física" se modificaron quedando en 18 millones 827,601 pesos, 17 millones 310,775 para la operación y un millón 119,245 a “Servicios generales”.

El subsidio a los estados para avanzar en materia de reforma laboral también ha sido limitado. El portal de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda indica que el presupuesto aprobado para la reforma al sistema de justicia laboral en 2026 fue de 318 millones 032,653 pesos.

No obstante, estos recursos están sujetos a la disponibilidad presupuestaria y Hacienda puede retrasar o cancelar las transferencias, lo cual puede dificultar el acceso a la justicia laboral.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reconoció que los Centros de Conciliación y Tribunales Laborales locales enfrentaban insuficiencia en sus capacidades operativas, por lo cual se destinó el subsidio al que podrían acceder los estados para fortalecer o mejorar tanto los Centros de Conciliación como los Tribunales Laborales locales.

Según los lineamientos publicados por la Secretaría, las entidades pueden solicitar máximo 20 millones de pesos, pero hasta el primer trimestre del año solo se había destinado el 0.3% del recurso (963,779 pesos).

¿Cómo llega la justicia laboral en México a la revisión del T-MEC?

El nuevo sistema de justicia laboral impulsó al CFCRL y a los tribunales laborales para desaparecer a las Juntas de Conciliación, de hecho, en el presupuesto para 2026 la Cámara de Diputados destinó más recursos al Centro; las juntas recibirían solamente 368 millones 199,204 pesos.

No obstante, ya en la práctica la Junta ha gastado un 56% más. Según el portal de Transparencia Presupuestaria de Hacienda, al primer trimestre del año la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) pagó 168 millones 804,467 pesos para su operación, mientras el Centro 108 millones 010,925 pesos.

Los conflictos laborales no ven fin y los recursos reservados no tienen fecha de entrega. Las reglas de operación del presupuesto permiten que Hacienda dirija el destino de este, el problema es que, si el monto no es liberado y ejecutado por el CFCRL antes de noviembre, se reclasificará como ahorro presupuestario y se perderá.

La falta de flujo en los Centros de Conciliación reduce su capacidad de respuesta y, bajo la mirada de la renegociación del T-MEC, puede poner en entredicho el cumplimiento de los compromisos laborales que hizo México ante sus socios comerciales.

El Capítulo 23 “Laboral” del Tratado señala que el retraso en la implementación o asignación de recursos para la aplicación de las leyes laborales no excusa su incumplimiento. Sobre ello, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) ya ha manifestado su preocupación.

En un documento dirigido a su congreso, en diciembre de 2025, se reportó que el Centro Federal de Conciliación falló en la implementación de la reforma laboral, entre otras cosas, por los déficits presupuestarios, subrayando que las acciones tomadas por el país no han sido suficientes frente a los problemas que enfrenta.

Si la falta de recursos impide que el CFCRL o Centros de conciliación locales realicen sus funciones, se abre la puerta a que se active más el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y en su defecto un Panel Laboral, por la debilidad de las instituciones para prevenir conflictos. 

Nancy Escutia

Periodista con enfoque jurídico especializada en derechos y políticas laborales, bienestar y salud mental organizacional; egresada de la Maestría en Periodismo Político por la Carlos Septién García.

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