Luego de que la comunidad científica del país alzara la voz y rechazara de manera tajante la persecución de académicos y el ataque directo a investigadores acusados de operaciones ilícitas y delincuencia organizada e incluso pidiera la destitución de María Elena Álvarez-Buylla, titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el organismo salió a defenderse y aseguró que todo se trata de una “ola concertada de desinformación en medios y redes sociales”.

El caso de las órdenes de aprehensión que solicita la Fiscalía General de la República (FGR) contra 31 científicos y  personal administrativo del Conacyt y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC (FCCyT) durante la pasada administración, y que un juez federal negó el pasado miércoles de manera definitiva por inconsistentes, ha escalado hasta Palacio Nacional, La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Senado de la República.

El ministro Arturo Zaldívar asegura que el Poder Judicial se mantendrá independiente; el líder senatorial Ricardo Monreal salió al paso de las protestas en la cámara y de un pronunciamiento de un correligionario para investigar a las universidades, y pidió prudencia, al tiempo que manifestó su respaldo a la comunidad académica y le dio un voto de confianza al Poder Judicial. Lo mismo hizo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien ante las peticiones de algunos actores respondió que la UIF “no fue creada para investigar instituciones académicas o a sus integrantes”.

Ante la presión creciente, el Conacyt difundió un comunicado en el que plasma lo siguiente: “Sin duda, esta andanada en los medios tiene la intención de crear confusión, polarizar y generar incertidumbre o temor en la comunidad científica. En el Conacyt trabajamos para fortalecer y beneficiar a la comunidad científica de México, así como para reforzar la soberanía del país”. 

A la par del comunicado, se dio a conocer una petición en la plataforma Change.org  denominada “Destitución de la doctora María Elena Álvarez-Buylla como directora del Conacyt”, que hasta el cierre de la edición acumula 7,170 firmas. Es la segunda ocasión en que se busca reunir firmas para cesar a la titular, desde que en febrero de 2019 un grupo de inconformes exigían su destitución por “su intolerancia, mala gestión y favoritismo, contratación de personal sin perfil, despidos injustificados y cancelación de programas del Conacyt”. Hoy las demandas al respecto continúan y se han multiplicado.  

En su defensa, el comunicado asegura que “el Conacyt de la Cuarta Transformación”, como se autodenomina, beneficia a 130,000 becarios cada año, apoya con más de 2 mil millones de pesos a la ciencia de frontera y destacan la fabricación de más de 1,000 ventiladores que han beneficiado a 12 mil pacientes de Covid-19. 

Conacyt de la 4T y sus argumentos 

Sobre el caso de los 31 científicos y la denuncia que comenzó desde el Conacyt e hizo suya la FGR, el comunicado asegura que este organismo mantuvo un proceso de diálogo con el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, A.C., que exigía al Conacyt recursos anuales por 50 millones de pesos. 

En contrapropuesta, el Consejo ofreció “apoyar a esta asociación con un monto modesto y suficiente para la realización de actividades pertinentes y sustantivas, el cual fue rechazado por el FCCyT A. C. y, en cambio, interpuso un recurso de amparo y judicializó el caso”, se asegura en el comunicado.

Para el Conacyt, las acciones emprendidas por el Foro evidenció posibles irregularidades ejecutadas a través de asignaciones millonarias directas, pero esto no ha sido probado, por lo que en reiteradas ocasiones los jueces han declarado improcedentes las acciones que se solicitan. 

Conacyt confirma además que sí presentó una denuncia de hechos ante el Ministerio Público y el Órgano Interno de Control, pero que fueron las autoridades quienes emprendieron las acciones judiciales, por lo que el Consejo no se responsabiliza de ningún hecho. 

“Prudencia”, pide Monreal; “es un exceso”, dice Sheinbaum

Este jueves, en la sesión del Senado de la República, legisladores del PAN salieron a relucir carteles con leyendas como “Alto a la persecución de científicos’’. El  presidente de la Junta de Coordinación Política  y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, pidió “que no se siga sacando raja política, porque es un tema serio’’, pero dejó entrever la posibilidad de llamar a comparecer al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y a María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora del Conacyt, para que rindan cuenta del caso.

“Estamos en eso. No quiero tomar una decisión personal porque no soy así; ni he platicado con los grupos parlamentarios ni con mi grupo… Pero le diría que sí vamos a establecer comunicación con la Fiscalía, de manera respetuosa’’, respondió Monreal Ávila, a pregunta específica sobre si la Cámara alta citará al fiscal a comparecer.

Monreal Ávila dijo que hasta que no se pruebe lo contrario, la presunción de inocencia de los científicos acusados debe prevalecer.

Se desmarcó de la denuncia y no quiso calificar el proceder de la fiscalía. “Creo que se trata de una denuncia interpuesta por la directora del Conacyt, habría que revisar. Yo no quiero convertirme ni en ministerio público ni en juez, no lo voy a hacer, pero como universitario me preocupa que se dé este clima de crispación, de polarización con la comunidad científica. No debería ser eso.’’

“No me atrevo a calificar si es un despropósito, si es una persecución, si hay delincuencia, si hay peculado, si hay recursos económicos del erario público usados indebidamente. No me voy a meter a nada de la probable conducta antijurídica a la que los están sometiendo”, indicó.

Sin embargo, desde su perspectiva, Álvarez-Buylla debería "actuar con mayor prudencia”.

“Ahora, si hay elementos de prueba, no le quedaba otra alternativa más que presentar la denuncia de hechos frente a la fiscalía y la fiscalía tendría que presentar la solicitud de la sujeción a proceso o la carpeta de investigación judicializarla.

Yo confío en el Poder Judicial y confío en que esto se va a aclarar y que la comunidad científica estará siempre con un reconocimiento pleno por parte nuestra. Yo espero que pronto se aclare y que esto no dé motivo a mayor polarización social en el país’’, concluyó.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, además reconocida universitaria, calificó como un exceso que la Fiscalía General de la República acuse a los 31 científicos del Conacyt de lavado de dinero y delincuencia organizada, delitos por los que alcanzarían de 20 a 40 años de prisión.

Al tiempo que reconoció los logros del Conacyt, que “tiene hoy más recursos de los que tenía antes”, consideró que se debe hacer una investigación sobre los recursos, “lo que no creo que deba tratarse es como delincuencia organizada, me parece un exceso”, aseguró Sheinbaum en un evento del gobierno capitalino en Azcapotzalco, al que también asistió la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla.

La jefa de Gobierno sostuvo que las autoridades deberán investigar el caso y dijo que no calificará la labor del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

En el mismo evento Álvarez-Buylla dijo a periodistas no saber sobre la acusación por parte de la FGR en contra de 31 investigadores del Conacyt.

Más de 600 académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, incluido su rector, algunos Premios Nacionales de Artes y Ciencias, personal de la Universidad Autónoma Metropolitana, La Academia de Ciencias de Morelos, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y una petición de change.org, que hasta el momento lleva recabadas 25,000 firmas, han exigido se detenga el hostigamiento en contra la comunidad académica del país.

El senador Ricardo Monreal evitó confrontarse con la FGR, pero pidió prudencia a la titular del Conacyt, y adelantó la posibilidad de llamarla a comparecer, al igual que al fiscal general. 

Caso Conacyt

Poder Judicial actuará con independencia: Zaldívar

Luego de la inconformidad de la Fiscalía General de la República (FGR) hacia la negativa de un juez de librar órdenes de aprehensión contra 31 investigadores y científicos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, refrendó que los juzgadores federales actuarán con total independencia en sus procedimientos.

“Las y los jueces federales seguirán actuando con independencia e imparcialidad. De esta forma, el PJF cumple con su función constitucional y responde a las exigencias de la sociedad. Todos los derechos para todas las personas”, sostuvo el ministro Zaldívar, quien también preside el Consejo de la Judicatura Federal.

Cabe destacar que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) presentó una denuncia de hechos ante el Ministerio Público y el Órgano Interno de Control que posteriormente fue retomada por la FGR para acusar a 31 académicos de haber usado ilegalmente entre el 2013 y el 2018 la asociación civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico para recibir recursos públicos por un global de 244 millones de pesos, que no obstante fueron asignados por el propio Conacyt.

El pasado miércoles, un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya, Estado de México, negó en definitiva a la Fiscalía General órdenes de aprehensión en contra de los 31 científicos y exfuncionarios del Foro Consultivo, por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y cohecho.

La FGR anunció que armará un nuevo expediente para solicitar a un juez —por tercera ocasión— orden de aprehensión en contra de los 31 científicos, pero ya sin los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, que fue donde radicó la polémica.