Más de 600 académicos y consejeros universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de instituciones de educación e investigación, hicieron públicas dos cartas donde manifestaron su rechazo a lo que consideran “acciones de represión” y convocaron a la comunidad académica a unirse a esta demanda solidaria.

Aseguran que son injustas las acusaciones contra 31 miembros de la colectividad académica, por lo que exigen “atender la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el desistimiento de las solicitudes de órdenes de aprehensión sin fundamentos”.

“Entre los imputados se encuentran científicos de gran prestigio nacional e internacional, miembros de diversas instituciones educativas públicas, de varios centros de investigación y empleados públicos (...) Manifestamos nuestro rechazo  a estas acciones de represión y convocamos a la comunidad académica a unirse a esta demanda solidaria”, sostienen 614 académicos.

La mañana de este miércoles 22 de septiembre, también el rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue, se refirió al caso como “despropósito y acusación inconcebible de asociación delictuosa”. “Yo me permito afirmar que la Universidad Nacional Autónoma de México, reitera su confianza en la correcta y proporcionada aplicación de la justicia y creemos firmemente en la división de poderes y en su autonomía con un respeto irrestricto de los posibles involucrados”, dijo el rector.

Este mensaje se une al de catedráticos y personal de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), al de colegas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y a la petición en change.org, denominada Exigimos el fin a la persecución en contra de miembros de la comunidad científica, que al cierre de esta edición cuenta con 14,000 firmas.

No hay delito, dice el juez

Este mismo miércoles 22 de septiembre un juez federal negó definitivamente girar órdenes de aprehensión en contra de los 31 investigadores y personal administrativo de la pasada gestión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC.(FCCyT A.C.), promovidas por la Fiscalía General de la República (FGR).

En dicha sentencia se explica que los hechos imputados por la FGR no pueden ser analizados a la luz del derecho penal. En esencia se estableció que la transferencia de recursos económicos del Conacyt hacia el Foro estuvo apegada a las facultades del organismo y al mandato del artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología, vigente en el momento de los hechos.

Las demás acusaciones penales, como uso ilícito de atribuciones, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y de delincuencia organizada, tampoco fueron sustentadas por la FGR, que ante la negativa del juez, sostuvo que insistirá en las acusaciones y las solicitudes de órdenes de aprehensión.

De acuerdo con personas señaladas en el caso y que prefieren guardar el anonimato, hasta el momento de la resolución del juez los imputados no habían recibido una notificación oficial que les informara los hechos de los que se les acusaba, pero a principios del mes de junio de 2021 la FGR envió a policías a verificar sus domicilios.

Entre los científicos acusados destacan los ex coordinadores del FCCyT, Julia Tagüeña, José Franco López, Gabriela Dutrénit Bielous; los investigadores Luis Mier y Terán, Víctor Carreón Rodríguez, y el ex director del Conacyt Enrique Cabrero.

Los antecedentes del caso

El 10 de julio de 2020, Rosenda Cruz Vixtha, apoderada legal del Conacyt, presentó una denuncia en la que manifestaba que entre enero de 2013 y junio de 2019 el Consejo había transferido 244 millones de pesos al Foro de manera ilegal.

Posteriormente el 17 de agosto de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló la legalidad de los recursos y resolvió que Conacyt sí debía otorgarlos al Foro, hasta el cambio del Estatuto Orgánico del Conacyt, que se concretó el 17 de febrero de 2020.

Posteriormente, la FGR abrió la carpeta de investigación: FEM/ FEMDO/UEIORPIFAM-CDMX/0 000222/2021, solicitando órdenes de aprehensión en contra de 31 personas.

El 24 de agosto de 2021 el juez federal Gregorio Salazar Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, consideró que la fiscalía no presentó elementos suficientes para llamarlos a juicio a través de una orden de captura, por lo que dio 15 días hábiles para presentar evidencias.

Ayer, el juez negó definitivamente girar las órdenes de captura.

Insiste en acusaciones

La FGR impugnará el fallo del juez

Ante la negativa del juez de distrito a la solicitud de orden de aprehensión a diversos ex funcionarios del Conacyt  e integrantes del FCCyT A.C., la Fiscalía General de la República (FGR) dijo que no es aceptable el criterio del juez al establecer que no es un hecho delictivo, ya que “un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del Conacyt, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio Conacyt”.

La FGR señaló que el juez de distrito establece que la transferencia de recursos federales del Conacyt a una “empresa privada” (según ella la Asociación Civil FFCyT) no es un delito.

Por tanto, anunció que volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan.

El que nada debe, nada teme, dice el Presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre si  sabía que hay denuncias contra investigadores, respondió  “Tengo entendido que sí, porque se presume que hubo malos manejos de recursos en el Conacyt; sin embargo, esto lo va a resolver el juez y el que nada debe, nada teme”.

Art. 38 Ley de Ciencia y Tecnología

El CONACyT otorgará, por conducto del secretario técnico de la mesa directiva, los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, lo que incluirá los apoyos logísticos y los recursos para la operación permanente, así como los gastos de traslado y estancia necesarias para la celebración de sus reuniones de trabajo.

nelly.toche@eleconomista.mx