Luego de la inconformidad de la Fiscalía General de la República (FGR) hacia la negativa de un juez de librar órdenes de aprehensión contra 31 investigadores y científicos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, refrendó que los juzgadores federales actuarán con total independencia en sus procedimientos.

“Las y los jueces federales seguirán actuando con independencia e imparcialidad. De esta forma, el PJF cumple con su función constitucional y responde a las exigencias de la sociedad. Todos los derechos para todas las personas”, sostuvo el ministro Zaldívar, quien también preside el Consejo de la Judicatura Federal.

Cabe destacar que María Elena Álvarez-Buylla, titular del Conacyt, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en la que acusó a 31 académicos de haber usado ilegalmente entre 2013 y 2018 la asociación civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C. para recibir recursos públicos por un global de 200 millones de pesos, que no obstante fueron asignados por el propio Conacyt.

Ayer miércoles, un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya, Estado de México, negó en definitiva a la Fiscalía General de la República (FGR) órdenes de aprehensión en contra de los 31 científicos y exfuncionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y cohecho.

La FGR anunció que armará un nuevo expediente para solicitar a un juez —por tercera ocasión— orden de aprehensión en contra de los 31 científicos, pero ya sin los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, que fue donde radicó la polémica.

También ayer, investigadores calificaron el hecho como un acto intimidatorio y de hostigamiento, así como un uso del aparato de justicia para hostigar a los académicos críticos.

Para los consejeros universitarios investigadores de la UNAM son inaceptables este tipo de amenazas o presiones sobre distinguidos y apreciados colegas de nuestra universidad, así como contra estudiantes y empleados públicos, por lo que exigimos cese el hostigamiento contra los 31 acusados de la manera arbitraria y sin fundamento ya descrita, a quienes expresamos nuestra total solidaridad”, dijeron académicos en una carta a la opinión pública.

“Demandamos el alto a los intentos de intimidación contra las voces críticas en la academia. En particular, exigimos atender la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, el desistimiento de las solicitudes de órdenes de aprehensión sin fundamentos y el alto al uso indebido de la procuración de justicia en la política científica y académica de la nación”, añadieron.

La carta fue signada por Raúl Aguirre Gómez del Instituto de Geografía; Raúl José Bobes Ruiz y Ana María Cevallos Gaos del Instituto de Investigaciones Biomédicas; Octavio García Valladares del Instituto de Energías Renovables; Diego González Halphen del Instituto de Fisiología Celular; Víctor Joaquín Jaramillo Luque del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad; Bertha Lerner Sigal del Instituto de Investigaciones Sociales, entre otros.

jorge.monroy@eleconomista.mx