El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, aseguró que ese órgano jurisdiccional recibió presiones por parte de grupos sociales conservadores para que valide la objeción de conciencia ilimitada, pues con ello se limitaría el derecho de las mujeres a acceder al aborto en los servicios públicos.

“Todos los grupos conservadores que se oponen al derecho de las mujeres están presionando para que este tribunal reconozca una objeción de conciencia ilimitada, porque saben perfectamente que si esto pasa, ahí se acaba el ejercicio de las mueres a tener un aborto digno, lo que es obligatorio para el Estado de acuerdo a la propia sentencia de este tribunal constitucional”, dijo el ministro sin identificar a dichos grupos sociales.

Durante el segundo debate de pleno de la SCJN sobre este tema, el ministro Zaldívar reiteró su postura para declarar la inconstitucionalidad de los artículos 10 Bis, Segundo y Tercero Transitorios de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 11 de mayo de 2018, en materia de objeción de conciencia.

A su juicio, de no declarar la inconstitucionalidad se permitiría nuevamente negar el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo, como previamente lo instruyó el alto tribunal.

En muchas partes del mundo se ha recurrido a la objeción de conciencia como una salida para negar el derecho al ejercicio de las personas, particularmente en los temas de interrupción del embarazo”, argumentó.

Zaldívar se pronunció en contra del proyecto Luis María Aguilar Morales, a pesar de las modificaciones que presentó este lunes, pues consideró que no establece salvaguardada para el derecho a la salud y atención reproductiva, y tampoco límites para la objeción de conciencia por parte de médicos y enfermeras.

Se pronunció por establecer en el proyecto que sólo podrán hacer uso de la objeción el personal que está involucrado específicamente en esos procedimientos, y la obligación de remitir un informe médico que justifique su negación a prestar el servicio.  

jorge.monroy@eleconomista.mx