De un total de 23,830 personas que han sido detenidas por actividades de narcotráfico, portación de armas y narcomenudeo en nuestro país en los últimos 19 años, 18,013 han sido vinculadas a proceso y sólo 10,230 han recibido alguna sentencia, de acuerdo con un informe que obtuvo El Economista a través del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

En la solicitud de información se pidió al gobierno federal, las estadísticas acerca de personas detenidas entre el año 2000 y el 20 de octubre del 2019, por delitos contra la salud, portación de armas y narcomenudeo.

La estadística proporcionada por el Consejo de la Judicatura Federal indica que en dicho periodo, 23,830 personas fueron imputadas como detenidos y relacionadas con los delitos contra la salud, portación de arma y narcomenudeo. Los tres delitos son del orden federal. De ese número, 18,013 fueron vinculadas a proceso, y de ellas 10,230 obtuvieron algún tipo de sentencia.

El abogado Juan Velázquez consideró que el hecho de que en casi 20 años sólo se haya logrado 42.9% de condenas (en relación con el total de detenidos en el periodo ya mencionado) en tres delitos federales es muestra de la falta de preparación de policías, peritos y ministerios públicos para lograr que los jueces dicten sentencias.

Recordó que el Nuevo Sistema de Justicia Penal fue aprobado por el Congreso en el 2008, pero entró en vigor hasta el 2016, aunque en dicho periodo no se capacitaron a los actores involucrados en las carpetas de investigación, lo que ha dificultado lograr sentencias.

“Es un desastre, porque durante esos ocho años de espera para que los juicios entraran en vigor, con el clásico de ‘falta mucho’, nunca nadie se capacitó, no hay policías, no hay peritos, fiscales, la excepción son los jueces”, consideró.

“(No hay sentencias), hay acuerdos reparatorios, suspensiones, salidas alternas, no necesariamente las de un juicio. No hay instituciones que le den seguimiento a esas medidas alternas. No hay un verdadero sistema consolidado para la procuración y enjuiciamiento y la ejecución de las sentencias, lograr un castigo para los responsables. ¿Qué es lo que impide que los delincuentes delincan si saben que nada les va a pesar? En algunos estados tenemos sentencias de 100 años de prisión y cadena perpetua, ¿y de qué sirve si sólo se le impone a 1%?”, planteó.

Informes de las ONG

Diversos informes consignan la impunidad que persiste en el país sobre diversos delitos, y que va desde asesinatos hasta robos y violencia familiar.

En agosto pasado, la organización México Evalúa presentó el informe Hallazgos 2018, en el que, en principio, destaca que hay una insuficiencia en el número de ministerios públicos en los estados del país, como es el caso de Veracruz, que para el año pasado registró una tasa de 0.3 ministerios públicos por cada 100,000 habitantes, mientras que el promedio nacional es de 2.8.

La ONG indicó que en el 2018, de acuerdo con cifras de las procuradurías y fiscalías de los estados, se presentaron 2 millones 118,612 querellas o denuncias por delitos como robo, lesiones y violencia familiar, entre las más frecuentes.

“Del total de delitos que fueron conocidos por las autoridades de procuración de justicia, en 96% se inició una investigación. De éstas, únicamente en 49.6% se dio algún tipo de determinación, siendo el ‘archivo temporal’ la figura más usada (60.5%), seguido por el ‘no ejercicio de la acción penal’ (16.4 por ciento).

“Se encuentra en proceso de investigación 40%; 6.1% se derivó a algún órgano especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias y sólo en 3.9% se vinculó a proceso”, indicó el informe.

En el caso de los homicidios, la organización Causa en Común presentó esta semana el informe ¿Cómo Vamos en Seguridad Pública?, en donde consignó que de los más de 33,000 asesinatos registrados en el 2018, sólo se han registrados un estimado de 3,600 sentencias condenatorias, lo que indica que nueve de cada 10 asesinatos han quedado impunes.(Con información de Héctor Molina)

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