La salida del ministro Eduardo Tomás Medina Mora Icaza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ocurrió de la manera adecuada y es muy importante que se esclarezca, afirmó la coordinadora de Transparencia en la Justicia y Proyectos Especiales del centro de análisis de políticas públicas México Evalúa, Laurence Pantin.

En entrevista, dijo que la forma en que renunció al cargo y la manera en que le fue aceptada la renuncia, tanto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como por el Senado de la República, no abona a la transparencia, ni a la rendición de cuentas. "Como la han aceptado sin decir nada, pues esto da pie a especulaciones".

Pantin destacó que el proceso para nombrar al nuevo ministro de la Corte no necesariamente puede vincularse a nuevas políticas internas que pudieran ayudar al combate a la corrupción en el Poder Judicial.

"Ahora que si el contexto debiera fomentar dentro del Poder Judicial una política de combate a la corrupción, yo creo que claramente sí", comentó.

La especialista destacó que dada la forma en que salió Medina Mora Icaza de la Corte, se generó mucha discusión, sobre todo, porque su nombramiento había sido muy cuestionado, particularmente porque se le hacían señalamientos de que tenía vínculos políticos con personas del gobierno federal, lo cual podría afectar su imparcialidad a la hora de emitir sus resoluciones o pronunciamientos.

Dijo que si bien no existen elementos que permitan al ciudadano común formarse una opinión sobre si son verdaderos o no los señalamientos de presuntos actos indebidos en los que abría incurrido el ahora exministro, por ejemplo, en los movimientos bancarios que realizó en algunas de sus cuentas recientemente; y que hay quienes refieren que no corresponden a sus ingresos como funcionario público, lo grave o que "está muy mal" es que haya sospechas sobre un ministro, lo cual, pone en entredicho la credibilidad de la institución (SCJN) en su conjunto.

"Hay un tema bien importante que hay que recordar, y que a nivel internacional se reconoce: que la justicia no sólo debe ser independiente, sino que debe parecerlo", comentó Pantin.

El que haya esas sospechas sobre un ministro, de que pudiera haberse favorecido él o a algunas personas o contactos políticos está mal en el sentido de que no debería suceder; le resta credibilidad a un Poder que, recordemos, su integración no proviene del voto popular.

Sobre este particular, destacó que, en cualquier país, el Poder Judicial puede padecer de un cierto déficit de legitimidad en comparación con los poderes Ejecutivo y Legislativo, porque las designaciones de estos últimos sí vienen del voto popular.

Por eso mismo es muy importante que los poderes judiciales sean lo más transparentes posible y que rindan cuentas para, justamente evitar que la población dude de sus decisiones y de la imparcialidad del Poder Judicial en su conjunto.

Por eso es urgente que el Poder Judicial Federal haga todo lo que pueda para intentar erradicar cualquier práctica de corrupción que pueda existir.

También llamó la atención en que el propio ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, reconoció en su momento que había una percepción de corrupción y él mismo dijo que no iba a tolerar prácticas de corrupción. Entonces él reconoce que son prácticas que existen.

Eso, añadió, es algo muy positivo, porque se reconoce que hay un problema que se debe resolver.

Sin embargo, Pantin dijo: "no me parece que el Poder Judicial sea un Poder corrupto".

En este sentido dijo que es necesario reconocer que en ese entramado institucional trabajan personas honestas, capaces y muy preparadas.

 

Asimismo, dijo que si bien, no está bien que exista corrupción en cualquier ámbito de las instituciones públicas, en el caso del Poder Judicial cuando se presentan ese tipo de casos es delicada porque los jueces toman decisiones que afectan directamente con la vida de las personas, como su libertad y posesión de bienes materiales o custodia de hijos, por ejemplo.

Pantin expuso también que los jueces en determinado momento pueden padecer amenazas que pueden interferir en su trabajo, como también pueden interferir el desempeño de los ministerios públicos y agentes investigadores cuando les acercan elementos que sirven para pronunciarse de una manera o de otra.

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kg