Para el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y el Poder Judicial de la Federación (PJF) enfrentan dos grandes problemas: focos de corrupción y nepotismo.

Por ello, indicó que el miércoles 9 de octubre pasado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que también preside, aprobó un acuerdo que calificó como histórico y que genera un parteaguas en la historia del PJF y el cual servirá para regular de manera adecuada la carrera judicial. Destacan dos aspectos: poner orden en las adscripciones y el pase automático.

Hasta 2018, las adscripciones no estaban reguladas, ni había criterios y no eran usadas con una forma programática de una política pública para mejorar el Poder Judicial ni para servir como instrumento para abatir el nepotismo y la corrupción.

En ese sentido, de acuerdo con el ministro presidente, desde su llegada a la presidencia de la Corte, al iniciar 2019, han venido utilizando las adscripciones “para ir rompiendo los conflictos de interés” que se dan en ciertos tribunales y circuitos por el nepotismo.

En su opinión, “hay tribunales que están realmente inundados por redes familiares que genera no pocos conflictos de interés”.

Afirmó que se han estado combatiendo estas prácticas a través de las readscripciones y también ha servido para romper redes de probable corrupción o donde se tiene sospecha que hay ese tipo de procederes.

El jueves pasado, el presidente de la Corte afirmó que se está combatiendo con energía al nepotismo y la corrupción y ya se están teniendo resultados.

En el caso del pase automático, de acuerdo con la ley que regula el proceder de los funcionarios del poder Judicial, cada que un magistrado o un juez dura en su encargo seis años, se somete a un sistema de ratificación. Si es ratificado ya es inamovible en el cargo, salvo causa grave de destitución; sin embargo, ahora el acuerdo establece requisitos más estrictos para la ratificación y no ratificar los que no sean éticos, negligentes o que no tienen un estándar mínimo para merecer la confianza mínima de la ciudadanía.

En ese sentido Zaldívar Lelo de Larrea dijo que un Poder Judicial más honesto es un poder judicial más independiente.

Suspenden a magistrado por presuntos actos de corrupción

Por otra parte, el 10 de octubre pasado el ministro presidente informó que el pleno de la Judicatura federal determinó suspender a un magistrado del primer circuito por inconsistencias graves en su situación financiera.

Lo importante de este caso es que, según el ministro presidente, “ese juez era una pieza muy relevante por sus conexiones dentro y fuera del poder Judicial para una red de conductas indebidas”. Incluso mencionó que el primer circuito había sido prácticamente intocable.

Enfático dijo, “cero tolerancia a la corrupción en los hechos; no hay ni habrá tolerancia a actos indebido, seguiremos combatiendo el nepotismo y la corrupción y seguiremos impulsando más jueces de calidad (…) Requerimos todos los días renovar esfuerzos para fortalecer nuestra legitimidad y para demostrar en los hechos nuestro compromiso y nuestra independencia”.

Una preocupación que viene de tiempo atrás

El ministró se había referido al tema de la corrupción desde que buscó la presidencia de la Corte en 2008, la que asumió el 2 de enero de 2019. Entonces planteó que no es posible negar que existe en la sociedad una percepción generalizada de falta de independencia, corrupción y derroche en el Poder Judicial de la Federación, la cual no necesariamente corresponde a la realidad.

En su opinión eso se debe en gran parte a una debilidad sistémica derivada de deficiencias en materia de transparencia, comunicación y apertura.

En el documento denominado “Líneas Generales de Trabajo 2019-2022”, señaló que el fenómeno de la corrupción percibida debe ser contrarrestado con una comunicación efectiva, así como medidas en temas sensibles para la sociedad como austeridad, nepotismo y combate a la corrupción.

El combate efectivo a la corrupción requiere necesariamente de una voluntad política para implementar una cultura de la integridad judicial, a través de medidas aplicables la capacitación, selección y nombramiento, adscripción, ascenso evaluación y disciplina en el marco de la carrera judicial, indicó en el texto.

Planteó que la corrupción debe combatirse también en el ámbito administrativo:

“Para ello, es necesario adoptar procedimientos de adquisiciones y contrataciones totalmente electrónicos, acordes a las recomendaciones emitidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y a las mejores prácticas internacionales, con objeto de disminuir el riesgo de colusión entre proveedores, aplicando también los criterios del Sistema Nacional Anticorrupción”.

En ese documento también señaló que el nepotismo es uno de los que más ha dañado la imagen del Poder Judicial de la Federación.

El nepotismo es un distintivo del Poder Judicial

No es considerado un caso de corrupción el simple hecho de que en una dependencia trabajen familiares, además, para el gobierno federal, la corrupción “consiste en el abuso del poder para beneficio propio”. Sin embargo, hay decenas de casos en los que funcionarios de alto rango en el poder Judicial se valieron de su cargo para beneficiar a familiares con plazas y salarios.

Desde julio de 2017 el entonces consejero de la Judicatura Federal, Felipe Borrego Estrada, realizó una investigación en la que documentó los casos de 500 jueces y magistrados que tenían trabajando a familiares en tribunales.

El documento entregado al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y a los ministros de la SCJN, exponía aquel panorama: jueces y magistrados tenían trabajando en juzgados y tribunales a esposas, hijos, papás, tíos, sobrinos, cuñados y suegras.

En tanto, una investigación realizada por Valeria González, Dulce González y Raúl Olmos de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), señala lo que llamaron redes clientelares en las que estaban más de 7,000 servidores públicos de 31 circuitos que exponían como elemento común entre sí que tenían familiares en la nómina del poder Judicial.

Los datos gruesos revelaban que 112 jueces y magistrados habrían utilizado sus influencias para conseguir empleo a su esposa o pareja sentimental, 180 a sus hijos y 136 a sus hermanos y 27 a sus papás. Además 7,148 servidores públicos compartían espacio laboral con sus parientes.

Un botón de muestra es un magistrado de circuito correspondiente a Durango que integró a 17 familiares a la nómina.

En septiembre pasado, Valería Durán de MCCI documentó el caso Querétaro: la magistrada María del Pilar Núñez González, que hasta 2018 estuvo adscrita al circuito de Querétaro, tenía nueve familiares trabajando para el Poder Judicial de la Federación. Ocho de ellos adscritos justamente al estado de Querétaro. Günter Demián Hernández Núñez, hijo de la magistrada María del Pilar Núñez, trabajaba en el decimosexto circuito, con sede en el estado de Guanajuato, como Juez de Distrito.

En tanto, Rafael Cabrera, documentó que siete familiares de la magistrada en retiro Alicia Guadalupe Cabral Parra, del Tercer Circuito en Jalisco, entraron a trabajar al Poder Judicial cuando ella era presidenta del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil en aquella entidad. Se trata de su hijo, dos hermanos y cuatro sobrinos.

A su vez Laura Sánchez Ley confirmó que en Baja California el magistrado de circuito, Inosencio del Prado Morales, tejió durante casi 18 años, una red familiar que abarca cuatro juzgados de distrito y cuatro tribunales en Baja California.

Este círculo incluye a ocho personas, entre las cuales se encuentran dos de sus hijas, su hermano, una cuñada y al menos cuatro sobrinos. Inosencio del Prado fue asignado al Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito desde el año 2000. En esa adscripción trabajan poco más de 1000 personas.

Mientras que, en San Luis Potosí, Saul Olmos documentó que siete parientes del magistrado José Manuel Quistán Espericueta ingresaron a la nomina del poder Judicial: un hijo, tres hermanos y tres cuñados.

Por otra parte, el 11 de octubre de 2018 el coordinador de la fracción legislativa de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para prevenir y erradicar actos de nepotismo.

El senador justificó ese cambio legal porque, 51% de los jueces y magistrados tienen al menos un familiar laborando en su propio circuito.

Con base en el estudio “El déficit meritocrático. Nepotismo y Redes Familiares en el Poder Judicial de la Federación”, realizado por el académico Julio Ríos Figueroa, dijo que 68% son familiares por consanguinidad, es decir padres, madres, hermanos, hijos, tíos, nietos sobrinos y 32% por afinidad, es decir conyugues, suegros, cuñados e hijastros.

Señaló como caso emblemático Jalisco, donde 80% de los impartidores de justicia tienen al menos un familiar en el mismo circuito judicial.

La justicia desde casa

De 2018 y hasta el 9 de octubre pasado, el Consejo de la Judicatura Federal había publicado en su portal de consulta de transparencia 970 sanciones administrativas contra funcionarios del Poder Judicial Federal de los cuales 18 son casos de destituciones del puesto por distintos motivos y 99 suspensiones y 30 inhabilitaciones temporales.

De acuerdo con lo consignado en el informe anual de labores 2018 de la SCJN, la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación practicó 38 auditorías y revisiones consistentes en 16 integrales, ocho técnicas de obra, siete evaluaciones al desempeño y siete reportes, logrando entre otros resultados, la recuperación de 253,317 pesos por concepto de pagos realizados en exceso por trabajos de calidad deficiente y 39,707 pesos, por servicios no devengados.

Asimismo, la Dirección General de Auditoría llevó a cabo tres investigaciones por hechos que podrían constituir o derivar en causas de responsabilidad administrativa.

Ese año se tramitaron 249 asuntos de responsabilidades, se impusieron 75 sanciones administrativas, se atendieron dos solicitudes de conciliación y no se tramitó algún recurso de inconformidad.

A su vez la comisión de disciplina celebró 43 sesiones ordinarias durante las cuales recibió la comparecencia de 23 magistrados de circuito, 13 jueces de distrito, 2 secretarios encargados del despacho, un secretario en funciones de Juez de Distrito y u actuario de juzgado.

En los asuntos que resolvió la Comisión impuso como sanciones: 24 inhabilitaciones, 10 destituciones, 21 suspensiones, 16 amonestaciones públicas, una amonestación privada, siete apercibimientos públicos y 15 apercibimientos privados.

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