El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, propuso una ley de nombramientos como parte de la solución para garantizar la autonomía e independencia de las instituciones en el país.

Durante su participación en el foro Diálogos Manifiesto México, realizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el candidato a la Presidencia por el PAN, PRD y MC ejemplificó el caso de la excomisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Ximena Puente de la Mora, y su candidatura plurinominal al Congreso de la Unión por el PRI.

“Lo único que esto vino a confirmar es que estos organismos autónomos tienen una serie de vínculos con los partidos políticos (...) cuál es la solución concreta a esto, por un lado, el gobierno de coalición, pero por otro lado, una ley de nombramientos en donde establezcamos una serie de criterios justamente para asegurar que quienes ocupen estos cargos sean ellos también en lo personal autónomos e independientes”, dijo.

Anaya detalló que además de la ley de nombramientos se debe contar con la participación de la sociedad civil organizada en los procesos de designación, con el fin de transparentarlos.

Contra más impuestos

Por otra parte, el candidato se pronunció ante los miembros de la organización empresarial por generar un Consejo Fiscal independiente en el país que pueda asesorar en materia del impacto que tendrán en la sociedad los impuestos que se lleguen a implementar, además de que se mostró en favor de no aumentar los impuestos en el país hasta que se reorganice el gasto público.

“Antes que pensar en más ingresos (vía impuestos) tenemos que ordenar el gasto en nuestro país, es decir, hoy el gobierno no tiene autoridad moral para plantear cobrar más dinero cuando el dinero se está gastando mal y con enorme corrupción”, dijo.

En este sentido, el expresidente de Acción Nacional vituperó que en los últimos años ha aumentado el gasto corriente del gobierno federal, mientras que el gasto en inversión en infraestructura como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) “es prácticamente el más bajo en los últimos 70 años”.

“Con esas credenciales el gobierno no puede pretender que haya más impuestos”, enfatizó.

hector.molina@eleconomista.mx