La Cultura de la Paz, Reforma Electoral 2026

“La democracia exige respetar los derechos políticos de las minorías.” Nelson Mandela 

Todo indica que lo nuestro es el conflicto, parece que nos es imposible sostener nuestra democracia.

Por instrucciones del inquilino de Palenque, una comisión integrada exclusivamente por sus leales redactó la tan anunciada reforma electoral, no participaron sus aliados ni los partidos de oposición. El proyecto enfrenta ya un amplio rechazo, incluso de partidos satélite y arrastra el antecedente de tres intentos fallidos. Difícilmente alcanzará los votos necesarios para su aprobación.

La Presidenta, en su soberbia, pretende hacer creer que la iniciativa surgió a petición del pueblo en foros, encuestas y consultas que nunca ocurrieron. Prefiere ignorar el proceso de modernización iniciado hace medio siglo que introdujo el pluralismo político en el que participaron todos los partidos, para superar las mayorías absolutas y minorías apenas toleradas. Ese proceso plasmado en reformas incluyentes dio lugar a la pluralidad democrática, la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y locales, y de los ayuntamientos sin incidentes que lamentar, así como a la transición política y el acceso al poder de Morena.

Hoy, 26 años después, se imponen condiciones que apuntan hacia un régimen autoritario. El proceso de redacción de la reforma genera desconfianza al evidenciar la voluntad unilateral de desmantelar el sistema electoral que ha garantizado estabilidad, paz y legitimidad política. Paradójicamente, la Presidenta parece aspirar a que México deje de ser -según sus propias palabras- “el país más democrático sobre la faz de la Tierra”.

La reforma regresiva y antidemocrática prevé, entre otras cosas:

• Eliminar la representación proporcional en el Senado, para asegurar a Morena una mayoría calificada con menos senadores.
• Complicar la representación proporcional en la Cámara de Diputados.
• Prohibir la reelección inmediata de legisladores y ediles.
• Reducir cabildos.
• Generar inequidad en la contienda.
• Reducir financiamiento y tiempos en medios electrónicos a los partidos, aunque las “mañaneras” y medios oficiales favorecerán a Morena.
• Eliminar el PREP, para aplicar la opacidad oficialista.
• Aumentar las responsabilidades del INE y recortar su presupuesto en un 25%, afectando salarios y estructura profesional que eliminaría la mayor parte de los puestos del servicio profesional electoral.
• Facultar a los organismos electorales para censurar en tiempo real a ciudadanos en medios y redes sociales.

La Presidenta y su antecesor han insistido en que las elecciones mexicanas son las más caras del mundo. Sin embargo, un estudio de Forbes sobre procesos en Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Perú y Uruguay demuestra que el costo por elector en esos países fue mayor que en México.

Ahorrar en procesos electorales es inaceptable. El despilfarro de 331 mil millones de pesos en un aeropuerto inconcluso, junto con la opacidad y sobrecostos del Tren Maya, Dos Bocas y el AIFA -que suman aproximadamente 673 mil millones de pesos- representan un billón de pesos tirados a la basura. Esa cantidad cubriría 45 años de operación del INE, considerando su presupuesto de 22 mil millones de pesos en 2024.

Abaratar las elecciones, como ocurrió con las judiciales, ya mostró sus riesgos: se instalaron menos de la mitad de las casillas, se impidió a los funcionarios contar los votos y se eliminaron mecanismos de vigilancia. Fueron comicios sin garantías que destruyeron la legitimidad de la administración de justicia.

Debilitar la autoridad electoral y controlar las elecciones propiciará fraudes y pondrá en riesgo la celebración de elecciones libres.

Será lamentable que, como ocurrió en Bolivia, Nicaragua y Venezuela, donde los populistas accedieron al poder a través de procesos electorales institucionalizados, se proceda en México a fracturar nuestra democracia.

Hasta hace pocos años, habíamos avanzado en cultura democrática, de seguridad, salud, educación, arte y de la paz. Hoy enfrentamos un Estado de derecho precario y decreciente, también un narcoterrorismo que lastima al tejido social, político y económico.

Lo hemos tolerado: no hay resistencia.

La decepcionante capacidad de resignación de los mexicanos no puede continuar.

Demostremos que la sociedad es mejor que su gobierno.

*El autor es abogado, negociador y mediador

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