Actualmente nuestro país carece de una estrategia clara para atender la violencia contra las mujeres, lo cual se puede traducir en que el Estado ha fallado a este sector de la población, lamentaron defensoras de los derechos humanos.

Edith Olivares Ferreto, jefa de Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, expresó que se llega de nueva cuenta a un Día Internacional de la Mujer sin que el Estado mexicano tenga una política pública oficial para prevenir, atender, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres.

Aunado a que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador tampoco ha dado a conocer el programa que, por ley, tiene que publicar sobre el tema.

“(El gobierno) debe enfocarse en estos momentos en concentrar sus esfuerzos, recursos humanos y económicos, en hacer muchísimo más eficiente la política de prevención y atención a la violencia contra las mujeres, particularmente en la atención o de lo contrario se verá como siguen subiendo las cifras”, dijo.

La socióloga resaltó que en los últimos 10 años las cifras de violencia contra las mujeres van alza, junto con las cifras de impunidad en feminicidios, y lamentó que las fiscalías son todavía omisas y negligentes en los asesinatos de mujeres y en la prevención de los feminicidios. Mientras que, en el caso de las desapariciones de mujeres, “desafortunadamente” se cuenta con información que da cuenta de que la lentitud con la se investigan algunos casos impide que se les encuentre a tiempo.

A todo ello, agregó Edith Olivares, se suma la violencia que en los últimos años que el propio Estado ha ejercido hacia las mujeres que salen protestar las cuales, dijo, han sufrido detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y violencia sexual.

En este sentido, consideró que la reciente colocación de vallas metálicas en Palacio Nacional se puede ver como una acción de provocación más que de protección a los inmuebles.

“Nos preocupa muchísimo esa narrativa que estigmatiza a la protesta de mujeres como violentas y que está generando un clima de hostilidad”, ya que recordó que las razones por las que las mujeres salen a protestar son absolutamente legítimas, aunado a que el derecho internacional no considera violencia el intervenir monumentos, pintar paredes o romper cristales.

Por su parte, María de la Luz Estada, integrante de Católicas por el Derecho a Decir y Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, resaltó que al menos en los últimos tres años, la violencia contra las mujeres ha sido muy grave. Pese a que las cifras oficiales muestran una ligera disminución en 2020, los registros no expresan el contexto real, considerando que muchas mujeres no denuncian.

Añadió que aunque las organizaciones han dado la lucha para que el sistema de justicia tenga perspectiva de género, es aún un gran desafío en la actualidad ya que no se ha logrado romper con las cadenas de impunidad en los casos.

“No es en vano que en los últimos tres años las mujeres tomen las calles”, subrayó, al tiempo que lamentó que no se puede seguir hablando de que avanzamos en derechos desde lo formal y en la realidad a las mujeres las asesinan por el hecho de ser mujeres.

Asimismo, coincidió en que en la actual administración no hay una estrategia diferente para atender la violencia y prevenirla y sobre todo, dijo, porque hoy nos enfrentamos a un contexto cada vez más violento para las mujeres, tanto en lo familiar como en lo comunitario.

“Mientras sigamos teniendo autoridades que no miran la problemática de las mujeres como situaciones graves que las están llevando a la muerte, no vamos a ver cambios sustanciales”, enfatizó.

maritza.perez@eleconomista.mx