La memoria del capital y la amnesia social

“La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido”. Esta advertencia de Milan Kundera nos deja ver cómo en la política mexicana la lucha la va ganando el olvido. La velocidad de la coyuntura es un borrador anestésico que diluye en la mayoría de las personas los eventos que, en su momento, cimbraron la estructura institucional del país.

¿Cuántos hoy recuerdan y se horrorizan con la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)? Y como ese ejemplo, hay tantos otros de este proceso constante de desmantelamiento de los organismos autónomos y de los contrapesos institucionales.

Tampoco permanece en la atención cotidiana la manera como se ha dado el control de las instituciones electorales, con todas las consecuencias en sus decisiones y resoluciones; y ya no queda mucha sorpresa ante la inédita captura del Poder Judicial, una reforma que transformó la administración de la justicia en un apéndice del aparato político.

Ahora, el hecho de que la conversación pública pase página tan fácilmente no significa que el costo desaparezca. No hay que perder de vista que hay un actor que no padece amnesia colectiva y que registra cada uno de estos movimientos con precisión: el mercado financiero internacional.

La maquinaria está puesta en marcha nuevamente, ahora con la embestida regulatoria en torno a los derechos de las audiencias y la fiscalización del debate público. Bajo el argumento de normar el equilibrio informativo, la narrativa gubernamental busca matizar el evidente intento de estrechar más los márgenes de la libertad de expresión.

Este es un debate que para muchos ciudadanos pasa inadvertido, pero no para los grandes fondos de inversión, las agencias calificadoras o los corporativos globales, que ven en la libertad de prensa algo que va más allá de un derecho civil: la primera trinchera de la certeza jurídica. Si un régimen quiere condicionar el discurso, limitar la crítica o regular la línea editorial de los espacios informativos, difícilmente tolerará los arbitrajes independientes, los contratos de largo plazo o la neutralidad regulatoria en las disputas comerciales.

En cualquier análisis que haga un potencial inversionista del costo de oportunidad en México, aparecen todas esas acciones autoritarias de control, con un interés especial por conocer el nivel de riesgo para los capitales privados de ese giro autocrático.

Cuando la mayoría calificada se construyó de forma artificial y el régimen se apropió del Poder Judicial, sí hubo una reacción en los mercados financieros, pero habitualmente las decisiones autoritarias no vienen acompañadas de depreciaciones cambiarias; son acciones más silenciosas, pero tan contundentes como la caída sistemática que se ha registrado en la inversión privada.

La tentación de acallar la crítica o controlar la conversación pública puede ser rentable en sus cálculos políticos; además, saben muy bien cómo resolverlo en el Congreso a costos bajos con su clientela política. Sin embargo, el activo más difícil de recuperar en la economía global es la credibilidad. Podrá olvidarlo la opinión pública, pero la memoria del capital es implacable y los costos de la desconfianza son inevitables.

ecampos@eleconomista.mx