El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicó este jueves 30 de enero los criterios a los que deben apegarse las empresas de telefonía, radio y televisión para comunicar mensajes de alerta a los ciudadanos en casos de emergencia, riesgos o desastres.

La intención del regulador en telecomunicaciones y radiodifusión es dotar de certeza jurídica a las empresas del sector en la manera en que deben conducirse durante situaciones de emergencia y también para unificar las políticas de envío de ese tipo de comunicaciones y su contenido, todo con el fin de que los usuarios reciban oportunamente y con fiabilidad los mensajes de alerta.

El IFT también abona así al interés del gobierno federal de reducir la exposición de personas a situaciones de riesgo y mitigar posibles afectaciones a la salud o bienes materiales de las personas.

A partir de este viernes 31 de enero, los concesionarios de telefonía celular cuentan con 365 días naturales para construir una aplicación para la difusión de ese tipo de mensajes, según se lee en los lineamientos del Protocolo de Alerta Común publicado este jueves por el IFT en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Las compañías de telefonía no podrán cobrar por este tipo de mensajes ni desconectar de los mismos a los usuarios sin saldo en su servicio o que hayan agotado su cuota de mensajes, si fuera ese el caso:

“Para el caso del servicio móvil, sin ser limitativo, no podrá condicionarse al esquema de contratación, a un saldo mínimo determinado, a líneas telefónicas sin saldo y sin datos, o con servicio restringido a recepción de llamadas. Lo anterior, a efecto de que no facturen a sus usuarios y audiencias los mensajes de alerta; y no facturarán montos a otros concesionarios y, en su caso, autorizados por el tránsito de los mismos”.

Los concesionarios de radio, televisión abierta y televisión restringida contarán con tres años para desarrollar los sistemas adecuados para enviar mensajes de emergencia y conforme determinen los resultados de una mesa de trabajo presidida por la Coordinación Nacional de Protección Civil en los que se analizarán criterios financieros y técnicos para que las empresas de esas industrias puedan cumplir con el ordenamiento.

Cumplidos los plazos, los mensajes de alerta también podrán ser enviados en lenguas nativas como el náhuatl, maya u otomí, y a solicitud de la Coordinación Nacional de Protección Civil para las áreas geográficas donde lo considere necesario.

Todas las compañías, sin importar su giro de negocio, deberán dar prioridad a los mensajes de alerta sin que otras señales, protocolos, códigos, contenidos o cualquier otro aspecto ajeno a los mismos que afecte su difusión hacia el usuario.

La intención es difundir a “los usuarios y audiencias de manera íntegra, oportuna, precisa, gratuita e irrestricta los mensajes de alerta”, dijo el IFT en su documento publicado en el Diario Oficial de la Federación.