Un mensaje de WhatsApp con ubicación salvó la vida de Diana Pacheco (31 años), una administradora de empresas que quedó bajo los escombros tras el terremoto del 19 de septiembre de 2017. Los que no están previniendo desastres ni salvando vidas son el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Dirección General de Protección Civil (DGPC) de la Secretaría de Gobernación, que a casi dos años de ese movimiento telúrico (y más de 5 años de la publicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión) siguen sin dar a conocer el Protocolo de Alertas de Emergencia. Su irresponsabilidad y lentitud en este tema son proporcionales al miedo y dolor que experimentamos los mexicanos ante los sismos y los desastres, pero a la autoridad no parece preocuparle.

Las TIC y las telecomunicaciones son herramientas que pueden contribuir a reducir los riesgos de desastres y salvar vidas. Los países desarrollados cuentan con sistemas de comunicaciones de emergencia. Después de un terremoto y tsunami en Japón, y de un huracán en Estados Unidos, que devastaron la infraestructura de telecomunicaciones y perturbaron a la población, ambos gobiernos implementaron sus protocolos de emergencia.

Desde 2007 la Unión Internacional de Telecomunicaciones recomendó un protocolo de alerta común para intercambiar mensajes de emergencia a través de todo tipo de redes. Para el Foro Económico Mundial los riesgos relacionados con el medio ambiente dominan por tercer año consecutivo (2017-19) y son los principales riesgos por probabilidad. Sus impactos económicos, al patrimonio público y de las personas, de inestabilidad política y de salud mental de la población son evidentes. El Informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres de las Naciones Unidas dice que “la información en tiempo real es útil para prepararse y responder a los desastres”.

Debido a su ubicación geográfica, México está altamente expuesto a peligros meteorológicos como huracanes, sequías, incendios forestales, deslizamientos de tierra, terremotos, erupciones volcánicas... En regiones del país vulnerables a catástrofes naturales, más de 50% de la población vive en condiciones de marginación y pobreza, pero la sensibilidad social no parece ser la fortaleza del IFT-DGPC.

Para cuando se publiquen los lineamientos, en México las alertas de emergencia serán un mensaje generado por la DGPC-Segob para avisar sobre la proximidad de un agente perturbador que pudiera causar daños a la vida, integridad, salud y bienes de la población o el incremento del riesgo, emergencia y/o desastre.

Estos mensajes emitidos por la autoridad de protección civil serán enviados directamente a los concesionarios de telecomunicaciones móviles, de radiodifusión y de televisión de paga para que éstos, a su vez, los comuniquen a la población en casos de riesgo, para prevenir y salvar vidas. Pero el IFT y la DGPC no tienen prisa, aunque algunas regulaciones sí han tenido prioridad.

Desde junio de 2014 el artículo 136 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión dice que el IFT “establecerá y garantizará, a través de la publicación de normas (…), que los usuarios de todas las redes públicas de telecomunicaciones puedan obtener acceso a servicios de emergencia”. Asimismo, el artículo 190 dice que los concesionarios de telecomunicaciones, “en los términos que defina el IFT en coordinación con las instituciones y autoridades competentes, darán prioridad a las comunicaciones de emergencia”.

El 2 de diciembre de 2015 el IFT publicó en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia, prevista en los polémicos artículos 189 y 190 de la LFTR. El lineamiento cuadragésimo noveno señala que el IFT “coadyuvará con las autoridades competentes en el establecimiento de un protocolo común para alertar por riesgos o situaciones de emergencia en materia de protección civil”. Desde que el IFT puso a consulta pública los lineamientos de colaboración con la justicia (12 de noviembre de 2014) hasta que los publicó en el DOF transcurrieron 414 días. Es decir, para la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil de los usuarios el IFT sí fue muy diligente.

El 17 de diciembre de 2017 el IFT puso a consulta pública el Anteproyecto de Lineamientos mediante los cuales se establecerá un Protocolo Común de Alertas de Emergencia. Desde entonces han transcurrido 615 días, un devastador terremoto magnitud 7.1 y 369 muertos sólo por causa del sismo, sin que el IFT publique la regulación que el 19S pudo salvar la vida de muchas personas y puede hacerlo en casos de emergencias, riesgos y desastres.

El IFT ya recibió 23 comentarios de la industria a la consulta pública sobre el protocolo de alertas de emergencia que concluyó el 27 de febrero de 2018. Los comentarios versan sobre detalles de implementación técnica, neutralidad tecnológica, coordinación institucional y propuestas de redacción, pero en general reconocen “la necesidad inminente y prioritaria de que la población pueda ser alertada con anticipación de sucesos catastróficos que puedan poner en riesgo la integridad y/o la vida de las personas” (Telefónica). La Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) incluso propuso desarrollar y preinstalar en los dispositivos móviles una aplicación que reciba las alertas y proporcione un servicio eficiente a la sociedad.

Un mismo mandato de ley, dos consultas públicas, dos regulaciones igualmente complejas en su implementación, ambas relacionadas con la seguridad nacional; una, la de colaboración con la justicia que ordena el rastreo en tiempo real de los teléfonos móviles, el control de las comunicaciones y el espionaje sobre la población recibe la atención expedita del IFT; otra, la que previene riesgos de desastres naturales y puede salvar vidas, continúa durmiendo en la incubadora regulatoria.

El IFT debió someter a consulta pública el Protocolo de Comunicaciones de Emergencia en el primer trimestre de 2017 (según consta en el Programa Anual de Trabajo 2017 del IFT), pero lo hizo hasta diciembre. Hoy seguimos sin esa regulación a pesar de que todos los años se repiten las tragedias causadas por fenómenos meteorológicos y el país se ubica en una falla geológica sísmica.

La ironía hizo que con 32 años de distancia otro terremoto sacudiera a México un 19S. La sociedad respondió con la solidaridad de siempre y en 2017 se apoyó en las tecnologías digitales para las tareas de rescate. Los operadores, que sufrieron daños en su infraestructura, se esmeraron en atender las afectaciones y ofrecieron servicios gratuitos a la población. La diferencia radica en la capacidad de prevención. No tenemos un regulador a la altura de los retos que en materia de riesgos, emergencias y desastres México necesita.

Twitter: @beltmondi

Jorge Bravo

Analista de medios y telecomunicaciones y académico de la UNAM

En comunicación

Estudio los medios de comunicación, nuevas tecnologías, telecomunicaciones, comunicación política y periodismo. Autor del libro El presidencialismo mediático. Medios y poder durante el gobierno de Vicente