La Declaración de Los Pinos (Chapoltepek), presentada por autoridades de la UNESCO y de la Secretaría de Cultura federal el pasado 15 de julio,  es resultado de la Reunión de Alto Nivel “Construyendo un Decenio de Acciones para las Lenguas Indígenas”, que se celebró entre el 27 y 28 de febrero, en la antigua residencia presidencial con la asistencia de funcionarios, representantes indígenas y de organismos internacionales, para establecer acuerdos en torno a la protección de las culturas y las lenguas indígenas de cara al Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas.

Entre las recomendaciones que hace la declaratoria a los Estados Parte de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) destacan fortalecer la educación en lenguas indígenas, “facilitar la elaboración de contenidos adecuados en lenguas indígenas en los servicios de radiodifusión públicos y comunitarios”,  “apoyar y alentar la financiación pública y privada y las inversiones directas en la revitalización, el apoyo y la promoción de las lenguas indígenas y en el acceso a ellas, centrándose en particular en la creación de nuevos contenidos”, “apoyar el desarrollo y reconocimiento de medios de comunicación de los pueblos indígenas” y “mayor presencia de los pueblos indígenas en los medios de comunicación en general”.

Entrevistada por este diario el 27 de julio, Irma Pineda, representante de pueblos indígenas ante la ONU y asistente a la reunión de Los Pinos expresó su preocupación por el riesgo de que la declaratoria se convierta en “una carta de buena voluntad nada más, ya que no hay un proceso vinculante, no hay nada que obligue a los gobiernos a asumir un compromiso real para hacer un trabajo en favor de las lenguas”.

El Economista consultó con Maru Chávez, cofundadora de Violeta Radio, emisora comunitaria feminista en la Ciudad de México e integrante de la Mesa Nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC),  quien muestra beneplácito por la declaratoria de Los Pinos, pero también sus dudas y escepticismo de que un proyecto de tan largo aliento transite exitosamente con el marco jurídico actual y con el esquema  de concesiones “de uso social” al que están sometidas las radios comunitaria e indígenas en México, de acuerdo con los artículos 87 y 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que las obliga a cumplir la normatividad al que están sujetas las concesiones para uso comercial y público pero sin el goce de los beneficios y prerrogativas que éstas tienen, como por ejemplo el financiamiento público y la venta de publicidad, y las confina a sostenerse mediante donativos y aportaciones de los radioescuchas.

“Se requiere un cambio de política pública y de modelo para la radio comunitaria de México, que permitan a estas estaciones dejar de ser pocas, pequeñas y pobres (PPP)”, escribe José Soto en este medio, 9 de junio de 2019, tras conversar con Élfego Riveros Hernández, representante de Radio Teocelo, emisora comunitaria de Veracruz.

En México, existen aproximadamente 80 radiodifusoras comunitarias con registro de concesión, y sólo 10 de ellas son indígenas; además de las 21 que opera el actual Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que replican el mensaje oficial del Estado mexicano.

Desde la AMARC, Maru Chávez opina que la declaratoria de Los Pinos es una propuesta integral que recoge las demandas que han venido haciendo por años los pueblos indígenas y las ONG en materia del derecho a la comunicación y para colocar las lenguas originarias como un tema prioritario en la agenda pública. “Ya era hora, lo valoro y lo aprecio”. “Es un esfuerzo por desestigmatizar el uso de las lenguas indígenas en México y revalorar la diversidad lingüística, y el derecho que tienen los indígenas a pensar y nombrar su realidad, a crear, a expresarse y a generar conocimiento a partir del lenguaje hablado”, dice Chávez.

“La idea es muy bonita, pero la realidad es que las personas monolingües indígenas en México están en desventaja frente a las personas monolingües en español y eso tiene que ver con un contexto de segregación y discriminación”.

Las radios comunitarias e indígenas en México tienen décadas en el espectro radioeléctrico, en el que antes eran “permisionarias”, algunas, como Radio Huayacocotla o Radio Teocelo, en Veracruz, desde hace 55 años, pero es hasta 2013 con la promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones que se las reconoce bajo la figura de “concesiones de tipo social”, y se establece la distinción entre comunitarias e indígenas.

Maru Chávez señala como un primer obstáculo que no todas las comunidades indígenas tienen conocimiento de su derecho para tener sus propios medios de comunicación. “En la reforma del 2001 al Artículo 2 de la Constitución queda establecido formalmente ese derecho, pero fue hasta 2013 con la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones cuando se concreta; era un poco ‘la pose’, que estuviera reconocido desde 2001 pero en la ley que regulaba el espectro radioeléctrico (Ley Federal de Radio y TV) no existía esa posibilidad.

Algunas radiodifusoras aprovecharon un resquicio en esa ley para colarse al espectro radioeléctrico y obtener un permiso, pues anteriormente las radios comunitarias e indígenas transmitían en onda corta o sin permiso.

Recuerda Maru que entre 2004 y 2005 se consiguieron en México los primeros 15 permisos históricos, uno de ellos fue para Radio Jënpoj, emisora mixe en Tlahuitoltepec, Oaxaca.

La directiva de AMARC dice que otro aspecto es que muchas comunidades indígenas que operan radioemisoras, no quieren tener una concesión y prefieren mantenerse fuera del marco legal, “porque hay desconfianza hacia el Estado y piensan que tener una concesión o solicitarla es doblegarse ante él”.

Y aunque reconoce que la desconfianza no es gratuita, Maru Sánchez, dice “en la construcción de un Estado de derecho, las comunidades indígenas entran y el espectro radioeléctrico, como derecho constitucional, también”, por lo que considera que el gobierno debe  ofrecer información a las comunidades indígenas sobre el derecho y uso a las concesiones de radio y también realizar un trabajo de “desmitificar que el Estado amenaza a los pueblos indígenas, (pues aunque) la realidad ha sido muy violenta con los pueblos indígenas, me parece que justamente lo que se necesita es que el Estado integre, sea respetuoso y transforme su relación con los pueblos indígenas”, apunta.

Señala que ahora la ley permite tener no solo radios comunitarias e indígenas sino también televisión, internet y telefonía celular comunitarias, y aunque dice que ya hay proyectos incipientes, hace falta que el Estado haga llegar esa información a las comunidades,  y concretar ese derecho constitucional.

Para saber acerca de la responsabilidad del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en esta tarea y el impacto que tendrá la Declaratoria de Los Pinos en las emisoras que gestiona, El Economista ha buscado durante 20 días al director del organismo, Adelfo Regino Montes,  a través de su encargada de comunicación, Maritza Licona, pero hasta el 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, no hay respuesta.

francisco.deanda@eleconomista.mx