Lectura 5:00 min
ATDT reporta ahorros por 2,500 millones de pesos en trámites y planea dar descuentos al espectro radioeléctrico
La recién creada agencia ha simplificado 1,666 trámites y digitalizado 117, con metas a 2025 de 2,309 trámites optimizados y una Ley Nacional de Simplificación que busca reducir a la mitad los tiempos y requisitos al 2030.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) presentó un balance que combina ahorros presupuestales, simplificación regulatoria y desarrollo tecnológico propio.
Durante el México Digital Summit 2025, José Merino, su director, afirmó que el gobierno federal ha ahorrado 2,500 millones de pesos mediante la revisión, cancelación o renegociación de contratos tecnológicos, y que estos ajustes se enmarcan en una estrategia de “autonomía tecnológica” centrada en resolver problemas públicos con capacidades internas.
Esa autonomía descansa en cuatro piezas: un centro de datos federal actualizado en Aguascalientes, con un segundo por abrir, según el funcionario; una fábrica de software con 300 especialistas egresados mayoritariamente de institutos tecnológicos públicos; una Dirección General de Ciberseguridad; y un archivo nacional de código para transparentar y reutilizar soluciones.
“En mi experiencia, [es] el mejor equipo tecnológico”, dijo Merino sobre el equipo de desarrollo.
Te puede interesar
Simplificación primero, digitalización después
Merino advirtió que la ATDT opera bajo una secuencia explícita. Primero la simplificación y luego la digitalización. El objetivo es acortar tiempos y requisitos antes de subir trámites a plataformas en línea.
A la fecha, 1,666 trámites han sido simplificados; la meta para 2025 es alcanzar 2,309. Dentro de ese avance, 945 trámites fueron eliminados o colapsados por redundancia, y 117 ya se digitalizaron.
En paralelo, el rediseño de procedimientos permitió condensar trámites redundantes, pasando de 1,666 a 721 casos únicos y de seis a cuatro requisitos en promedio, con reducción de tiempos de atención.
La Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos y corrupción es el andamiaje del llamado modelo nacional: una autoridad única de simplificación por nivel de gobierno, decálogo de principios (por ejemplo, dejar de pedir documentos que ya obran en poder del Estado), catálogos homologados, un sistema nacional de atención ciudadana, expediente digital y capacidades tecnológicas propias con reutilización de software entre gobiernos.
Te puede interesar
Ventanilla de inversiones y registro civil: dos vitrinas
Como ejemplo de soluciones compartidas, Merino citó la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones, ya habilitada y concebida para que empresas y autoridades eviten duplicidades mediante un catálogo nacional de trámites y, próximamente, un solo expediente por proyecto.
El otro caso es la Plataforma Nacional de Registros Civiles (miregistrocivil.gob.mx), interconectada con los 32 estados y la red consular. Desde ahí se pueden tramitar correcciones de libro y de acta de manera remota, con pasarelas de pagos.
La plataforma acumula 5.7 millones de usuarios y se concibe como base de una identidad digital nacional.
Para sostener ese despliegue, la ATDT impulsa el Centro Nacional de Tecnología Pública, un repositorio de código con acompañamiento de implementación y capacitación, y una Escuela de Tecnología para Servidores Públicos con tres rutas formativas: programación, telemática y nube, pensando en la heterogeneidad de capacidades en estados y municipios.
Identidad, pagos y conectividad: quién manda en qué
Merino fue claro en la gobernanza de proyectos clave dentro del gobierno federal y otras autoridades. En pagos digitales, la autoridad central es el Banco de México, con lecciones de CoDi y Dimo, y referencias internacionales como PIX (Brasil) y el caso de India.
La visión de la ATDT es que los pagos se vinculen a la identidad digital, pero los detalles regulatorios y operativos corresponden al banco central.
Sobre la identidad única, Merino recordó que el Renapo, el cual forma parte de Segob, es la autoridad a cargo tras las modificaciones a la Ley General de Población. La ATDT actúa como acompañamiento técnico y garantía de ciberseguridad, apoyada en su centro de datos y en la propia Dirección General de Ciberseguridad. La inversión del nuevo centro de datos, adelantó, “no es muy onerosa”.
En ciberseguridad, la agencia opera con tres líneas: la atención y prevención de incidentes, una plataforma nacional de inteligencia de amenazas y un protocolo nacional de notificación, reporte y escalamiento.
El funcionario precisó que, en general, la ciberseguridad será provista por la propia autoridad, aunque algunas dependencias con sistemas complejos podrían requerir “blindaje adicional”.
Te puede interesar
Descuento en espectro
En conectividad, adelantó un esquema de descuentos de espectro a cambio de cobertura, tema que, aclaró, corresponde instrumentar al regulador de telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
Dijo a su vez que el proyecto satelital avanza en la definición técnica (banda, tamaño, necesidades) y que los detalles se anunciarán más adelante.
Más allá de los anuncios, la ATDT plantea un cambio de gobernanza tecnológica: centralizar capacidades críticas (datos, nube pública, seguridad, desarrollo), con el fin de reducir compras innecesarias, homologar trámites y escalar servicios que hoy están fragmentados entre 523 trámites estatales promedio y 144 municipales por demarcación, con normativas y requisitos desalineados.
El objetivo al 2030 es 50% menos de trámites federales, la mitad de requisitos y la mitad del tiempo de atención. Para Merino, la combinación de simplificación, identidad digital y reutilización de código público debe permitir que 80% de las interacciones con autoridades tenga alternativa digital sin cancelar la opción presencial.
En palabras de Merino, la meta es que la tecnología “mueva la balanza del poder hacia las personas”, con trámites más simples, servicios reutilizables y seguridad pública de la infraestructura. El reto será sostener ese ritmo de implementación y coordinar a tres órdenes de gobierno para que la promesa de eficiencia y equidad se traduzca en experiencia ciudadana.