Reforma electoral de Sheinbaum: Recorte a partidos, reducción del Congreso y mayor fiscalización

Tras varios días de espera, este miércoles fue enviada a la Cámara de Diputados la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que plantea modificar 11 artículos de la Constitución con el fin de recortar el financiamiento de los partidos, reducir el número de senadores, cambiar la elección de 200 diputaciones plurinominales, entre otras cosas.

Entre los cambios más polémicos destaca la reducción de los recursos económicos que reciben los partidos políticos nacionales para el "sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes".

De acuerdo con la iniciativa, se plantea modificar la fórmula para calcular este financiamiento, ello al bajar de 65 a 48.75% el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que, al ser multiplicado por el número total de la ciudadanía inscrita en el padrón electoral federal, da como resultado el financiamiento anual ordinario que debe ser repartido entre todos los partidos nacionales.

Por ejemplo, para 2026, se determinó que los partidos recibirán tan sólo para sus actividades ordinarias un total de 7,368 millones 151,626 pesos, ello luego de multiplicar las 100,191,072 personas que integran el padrón electoral por 73.54 pesos, equivalentes al 65% de la UMA de un año antes.

En cambio, de aprobarse la reforma, y con cifras de 2026, el valor de la UMA (48.75%) quedaría en 57.18 pesos, que al ser multiplicado por el Padrón Electoral daría como resultado un financiamiento de 5,728 millones de pesos; equivalente a un recorte de 1,639 millones de pesos, es decir, 22% menos recursos.

Cabe destacar que, aunque la reforma de la mandataria no especifica cambios ni reducciones en otros rubros como los gastos de campaña en año electoral, el financiamiento público anual que reciben los partidos para actividades específicas, así como el dinero que se les da para la “Franquicia postal” y la “Franquicia telegráfica”, en automático se reduciría el dinero para estas áreas, ya que el financiamiento ordinario es la base para calcular la distribución de estos recursos.

Impacto en el Congreso

Por otro lado, la iniciativa de la presidenta también pretende ajustar la elección de 200 diputaciones por el principio de representación proporcional, conocido como plurinominales.

La modificación plantea que este número de legisladores federales sea electo por el voto popular; los primeros 100 serán aquellos que resulten ganadores de las elecciones que se llevan a cabo en cinco circunscripciones regionales.

Mientras que los otros 100 serán seleccionados de aquellos candidatos que no obtuvieron el triunfo en el distrito en el que participaron, es decir, los segundos lugares.

"100 que no obtuvieron el triunfo en el distrito en el que participaron, ordenados porcentualmente de manera decreciente conforme a la votación distrital válida emitida de su propio partido en esa misma elección", señala la iniciativa.

En tanto, la asignación de estas diputaciones será conforme al porcentaje de votación obtenido por cada partido político.

Por el contrario, en el caso del Senado, la iniciativa plasma la eliminación de 32 escaños de representación proporcional, por lo que pasará de 128 a 96 senadores.

Los otros cambios

El documento enviado por la presidenta Sheinbaum también propone modificaciones en temas como el uso de la Inteligencia Artificial (IA), la prohibición de los recursos de procedencia ilícita, el impulso de los mecanismos de democracia directa, y la autorización para que funcionarios públicos puedan promover las consultas populares.

Entre estos cambios se plantea que el INE promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares a través de medios físicos y electrónicos, abriendo camino al uso de un voto electrónico.

Mientras que se establece que los cómputos de las elecciones federales iniciarán a partir de la recepción del primer paquete electoral en cada uno de los Consejos Distritales.

Por otro lado, se especifica que los partidos políticos y candidatos tienen prohibido recibir dinero o cualquier otro recurso que provenga de algún gobierno, fondo de inversión u organismo extranjero, persona física o moral extranjera, o de personas que residan fuera del territorio nacional.

En caso de la IA, la iniciativa marca que "todo contenido relacionado a los procesos electorales que sea modificado o alterado mediante el uso de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, deberá estar etiquetado…La ley establecerá responsabilidades, sanciones aplicables".

Mientras que estipula que, en la selección y postulación de candidaturas a cargos de elección popular, los partidos políticos y autoridades electorales garantizarán espacios a favor de las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos así como de grupos históricamente subrepresentados.

En materia de financiamiento, el documento destaca que "las autoridades competentes en materia de seguridad, procuración de justicia y de inteligencia financiera establecerán mecanismos de coordinación institucional con la autoridad electoral nacional para proporcionar información relacionada con el registro de las candidaturas, que resulte relevante para salvaguardar la integridad del proceso electoral".

Aunado a que se busca cerrar el ingreso de dinero del crimen organizado al especificar que "queda prohibido a los partidos políticos, precandidaturas, candidaturas y candidaturas independientes financiarse u operar con recursos, bienes o servicios provenientes de actividades ilícitas".

Finalmente, en materia de participación, la mandataria regula la participación de funcionarios públicos en la promoción de ejercicios como la consulta popular, ello al establecer que "las personas representantes de los Poderes de los tres órdenes de gobierno, bajo los principios de imparcialidad y neutralidad, podrán promover la participación ciudadana en los mecanismos de democracia directa, siempre que no influyan en sus resultados".