La estrategia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción apuesta por un enfoque moral, desarticulado y enfocado en casos emblemáticos, describió Sarahí Salvatierra.

La investigadora del centro de análisis e investigación Fundar, explicó que el Presidente llegó al poder con la bandera del combate a la corrupción y la impunidad, pero cuando asumió el cargo lo hizo impulsando en la austeridad.

Dijo que, por lo complejo del fenómeno, el combate a la corrupción debe ser mediante una buena coordinación interinstitucional, articulada, pero en esta administración federal, algunas instituciones que tienen tarea importante en ese propósito e, incluso el propio Sistema Nacional Anticorrupción, han sido invisibilizadas.

Destacó que eso ha generado el debilitamiento de algunas dependencias, por ejemplo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que ni siquiera liderea el tema pues lo lleva la Fiscalía General, además que desde que llegó este gobierno, se le redujo su presupuesto en 70 por ciento.

Indicó que la cruzada contra la corrupción del presidente López Obrador se ha apoyado básicamente en la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República.

La especialista consideró que el trabajo de la UIF ha sido relevante, pero no de manera articulada con otras dependencias, que le permitiría tener mayores hallazgos relevantes, que se sostengan hasta su judicialización y defensa en tribunales.

“Este gobierno ha optado por una estrategia segmentada y eso ocurre también a escala estatal”, remarcó.

Buscan hacer justicia seleccionada

La especialista en temas de corrupción y transparencia opinó que se ha optado por investigar y perseguir casos emblemáticos de corrupción con el fin de revertir la impunidad y recuperar la confianza ciudadana.

“No se está apostando por destruir redes de corrupción, es más este enfoque de que la corrupción se da entre funcionarios públicos que incumplen un marco normativo, cuando debiera entenderse el problema de una manera más amplia y extendida”, abundó.

De no hacerlo así, añadió, se estaría apostando por una estrategia que se enfocaría más en una cacería de brujas y sus alcances serían limitados.

Recalcó que debe entenderse que el fenómeno de la corrupción es más complejo, estructural, donde interactúan actores públicos y privados que genera distorsión de recursos públicos, apropiación de instituciones, decisiones y hasta leyes en favor de grupos económicos o políticos que lo que hacen es generar o incrementar las condiciones de desigualdad y que tienen impacto en derechos humanos, concretamente en la protección de garantías.

Llamó la atención en que, además de que se ha apostado por casos emblemáticos, el problema es que se han mediatizado y politizado mucho, tal el es el caso de la detención del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

Consideró que a consecuencia de ello se puede poner en riesgo la investigación y persecución del delito y se abre la posibilidad de que se diluya la probabilidad de que haya sanciones. “Eso, al final lo que puede generar es que los delitos y quienes los cometen queden impunes”.

En el caso concreto de la Estafa Maestra, que es un problema “heredado” por la anterior administración, este gobierno se ha enfocado en el procesamiento de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles y no toda la red que participó en el desvío de recursos.

También comentó que el hecho de que no hay una política criminal de combate a la corrupción complica el combate a ese fenómeno. Eso dificulta comprender cómo se hace la selección de los casos que se persiguen y los que no.

Replantean forma de atender el problema con reformas legislativas

Por otra parte, indicó que ha ocurrido un replanteamiento de la forma de combatir la corrupción del gobierno federal a través de reformas legales.

Concretamente recordó la aprobación de la prisión preventiva oficiosa por delitos de corrupción, el enriquecimiento ilícito y el ejercicio indebido de funciones, al incluirlos en el catálogo de delitos considerados graves.

Recordó que algunos organismos internacionales han considerado esto como regresivo e irreconciliable con los principios de derechos humanos y la esencia del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, porque la cárcel debería aplicarse de manera excepcional y no como regla general.

También destacó el caso de la reforma para poner en ley la extensión de dominio, que, en sentido práctico, es el decomiso de bienes relacionados con actos de corrupción, con el fin de destinarlos a programas sociales y reparación del daño.

En este asunto mencionó que eso puede generar vulneración a derechos fundamentales, porque se puede dar el caso que se venda un bien asegurado antes que se determine la culpabilidad del propietario.

Eliminan fideicomisos en nombre del combate a la corrupción

Sarahí Salvatierra también planteó su preocupación porque el gobierno federal ha apostado por extinguir los fideicomisos con el argumento de que ahí se generaba mucha corrupción.

Argumentó que si bien, por su naturaleza, en esos instrumentos puedan ocurrir actos indebidos, eso no implica que sean inútiles.

Lo que debería de hacer es revisar exhaustivamente cómo ejercen los recursos y fortalecerlos, no quitarlos porque eso puede generar incluso que se incremente la vulnerabilidad de ciertos grupos.

diego.badillo@eleconomista.mx