La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados citó hoy a sus integrantes para discutir el proyecto de dictamen de las reformas a la Ley General de Educación, cuya iniciativa fue presentada por el presidente Enrique Peña Nieto a fin de revalidar los estudios de los jóvenes dreamers que eventualmente regreses a México desde Estados Unidos.

La presidenta de la Comisión de Educación, Hortensia Aragón (PRD) convocó a las 17:00 horas a la reunión, a fin de presentar el proyecto y eventualmente ser aprobado según el calendario establecido por esa misma comisión.

Se espera que esta misma semana, el dictamen que apruebe la comisión sea presentado a discusión del pleno de la Cámara de Diputados, lo cual se espera que ocurra el 14 o 16 de marzo.

En caso de que se apruebe con cambios, regresaría al Senado para su análisis, y si el proyecto es avalado en los términos de la minuta de la Cámara Alta, el dictamen sería turnado al Ejecutivo federal para su promulgación.

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Aunque algunos representantes de universidades han expresado que la reforma misma no garantiza que todos los estudiantes que regresen deportados o voluntariamente de Estados Unidos sean aceptados en las instituciones educativas, la reforma propuesta por el Ejecutivo a la Ley General de Educación, pretende garantizar que todas las personas que habitan en el país tengan las mismas oportunidades para transitar por todos los tipos y niveles del Sistema Educativo Nacional y agilizar la revalidación de estudios realizados en el extranjero.

La modificación al artículo 2 pretende garantizar que todos los habitantes del país tengan las mismas oportunidades para transitar por todos los tipos y niveles del Sistema Educativo Nacional; al artículo 12, eleva a rango de ley la facultad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de establecer normas de control escolar que faciliten, en el caso de la educación básica, la inscripción, reinscripción, promoción, regularización, acreditación y certificación de estudios.

Se faculta a la SEP a emitir un marco nacional de cualificaciones, dirigido a facilitar la movilidad de estudiantes en el sistema educativo; así como a autorizar a las instituciones particulares, con reconocimiento de validez oficial, y públicas a otorgar revalidaciones y equivalencias parciales de estudios de educación media superior y superior.

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En el artículo 14, se establece que esas autorizaciones no tendrán carácter definitivo; en el artículo 56, se señala la obligación de las autoridades educativas de publicar en sus portales electrónicos la lista de instituciones autorizadas.

La reforma al artículo 32, faculta a las autoridades educativas a implementar acciones dirigidas a atender, de manera preferente, a las personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, de identidad cultural, origen étnico o nacional o situación migratoria, entre otras.

El artículo 33, obliga a las autoridades educativas federal y locales a garantizar el acceso a la educación de las personas que no cuenten con documentos académicos o de identidad; así como cancelar la obligatoriedad de presentar actas de nacimiento o apostillas.

En el artículo 63, se establece que las autoridades educativas e instituciones que otorguen revalidaciones y equivalencias deberán promover la simplificación de dichos procedimientos, atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad.

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jmonroy@eleconomista.com.mx

mfh