Luego de cuatro meses de críticas y enfrentamientos entre fuerzas políticas, las leyes secundarias anticorrupción en su parte administrativa avanzaron en el pleno del Senado, donde el debate se centró en el alcance de los datos públicos de las declaraciones patrimoniales y de interés de los funcionarios.

El PRI y el PVEM respaldaron la adenda de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde aceptan que las declaraciones patrimoniales y de intereses sean públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales.

Además, que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción sea quien emita los formatos de las declaraciones que deben entregar todos los funcionarios del país, para verificar si no incurren en delitos como el enriquecimiento ilícito.

El PAN y el PRD insistieron en que esta redacción se queda corta. Pidieron abrazar la iniciativa ciudadana conocida como Ley 3de3, alejarse de las simulaciones y transparentar también la declaración fiscal.

Hasta el cierre de esta edición, se discutían precisamente los límites de la publicidad de estas declaraciones. Los perredistas Zoé Robledo, Armando Ríos Piter y Luis Sánchez anunciaron que entre el PAN, el PRD y el PT harían un bloque en contra del PRI y del PVEM para que el artículo 29 se modifique, se incluya la propuesta de la Ley 3de3 y sean públicas las tres declaraciones, sin candados en la información, sólo la reserva de datos personales.

La pelea estelar, dijeron, se daría en este tema, pues el bloque opositor podría ganar con 61 votos, ya que el PAN tendría 37 votos; el PRD, 18; el PT cinco, además del voto de la senadora independiente Martha Tagle. El otro bloque llegaría a 59 votos, pues el PRI tendría 53 votos, el PVEM cinco y el voto del senador independiente Manuel Cárdenas.

Donde no hubo mayor problema fue en el catálogo de faltas administrativas graves en las que incurren los servidores públicos, las personas físicas y las personas morales; incluso, hay un apartado que castiga el pago de favores de un funcionario público a un particular que lo haya apoyado durante su campaña.

Se aceptó que las faltas administrativas graves para los servidores públicos sean la suspensión o destitución de empleo, sanción económica, multa de hasta dos tantos de los beneficios obtenidos y pago de daños.

Para particulares, las sanciones van desde la inhabilitación hasta por ocho años para participar en contrataciones públicas, la suspensión de actividades, disolución de la sociedad e indemnización de daños.

El pleno aprobó, por otro lado, la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción. En lo general, se avaló con 116 votos y cuatro abstenciones y, en lo particular, con 74 votos a favor y 24 en contra. Esta ley establece los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Después del debate de la Ley de Responsabilidades Administrativas, el pleno tenía programado revisar la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

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