Las casetas de peaje en las carreteras de México ya no solo son tomadas como actos de protesta social sino por organizaciones delincuenciales para obtener recursos, aseguró Jorge Arganis Díaz Leal, actual secretario de Comunicaciones y Transportes.

“En realidad, la toma de casetas se nos presentó que ya no solamente es un acto de protesta social, como se presenta mucho en Chilpancingo, allá, por Ayotzinapa, (Guerrero) sino que ya son organizaciones, delincuentes, que se aprovechan de eso para tener recursos. Y por lo tanto, se están aplicando, con el apoyo de la Guardia Nacional y la Fiscalía (General de la República), ya sanciones”, dijo el secretario.

Durante su comparecencia ante la comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores, que preside Lucía Meza Guzmán (Morena), para analizar el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario comentó que el año pasado las pérdidas por la comisión del delito referido fueron millonarias.

“En el año de 2020 el monto de pérdidas por la toma de casetas ascendió a 4,121 millones de pesos”, precisó.

Y detalló la forma de distribución de las pérdidas causadas:

El Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que opera Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), perdió 1,526 millones de pesos; la concesionaria Ideal, 2,371; la concesionaria RCO, 62.6; la Red Propia de Capufe, 154.98 millones de pesos y el paquete Michoacán, en el municipio Aguililla, 5.9 millones de pesos.

“Todavía nos falta resolver problemas en Sinaloa. Tenemos el problema también que la delincuencia se ha apoderado de las casetas”, afirmó.

Marco legal

El gobierno federal combate el delito relacionado con la toma de plazas de peaje, aseguró Arganis Díaz Leal, con base en la ley vigente, recién reformada.

La Ley de Vías Generales de Comunicación, promulgada el pasado 19 de febrero, explicó, establece en el artículo 533 que quien dañe, perjudique, o destruya las vías generales de comunicación en los medios de transporte e interrumpa la construcción de dichas vías total o parcialmente e interrumpa o deteriore los servicios que operen las vías generales de comunicación de los medios de transporte, será sancionado con una pena de 2 a 9 años de cárcel y una multa equivalente a 200,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Con respecto al telepeaje, informó: “se sacó a la empresa concesionaria, que trabajaba y que estaba contratada desde el gobierno anterior” porque “lamentablemente, no estaba dando un servicio adecuado y también había corrupción. No nos estaban entregando las bases. Y se trajo, con la capacidad propia de las condiciones de Capufe, para que el telepeaje ya fuera realizado por el propio organismo.

“Y se trabajan reglas para promover la entrada de más participantes en el mercado, más competencia, nuevas tecnologías y mejor servicio. Definitivamente, el no manejo de efectivo es una forma de evitar la corrupción”, concluyó.

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