El gobernador de Tamaulipas, Egidio Torres Cantú, buscará extender el tiempo de presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal en la entidad, porque el convenio firmado hace un año con la Federación concluye a fines de mayo.

La Procuraduría General de la República (PGR) asumió la investigación sobre 23 homicidios violentos, nueve personas aparecieron colgadas en el Puente Internacional de Nuevo Laredo y 14 cuerpos decapitados fueron hallados en una camioneta abandonada en el libramiento Luis Donaldo Colosio. Las autoridades presumen que se trata de integrantes de los cárteles Los Zetas y del Golfo.

Sin embargo, fuentes federales dijeron que no se puede precisar si los occisos militan en esos cárteles, debido a que las rutas para el trasiego de droga en Tamaulipas las disputa el Cártel de Sinaloa, que comanda Joaquín Guzmán Loera.

Desde el viernes pasado, cuando se realizó el hallazgo de los cadáveres, la procuradora Marisela Morales ordenó el envío de peritos a Nuevo Laredo.

Especialistas de la PGR en criminología, química forense, fotografía, video y dactiloscopía han recabado elementos para la identificación de los cadáveres.

Para tales fines, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada envió 23 protocolos de huellas a la Dirección de Servicios Periciales de la PGR y a Plataforma México, con el fin de determinar si los fallecidos son originarios de Tamaulipas o son forasteros.

Tras los hechos de violencia, el fin de semana, la Secretaría de Gobernación anunció que se reforzaría la seguridad en la entidad, además de que se decretaría alerta masiva en la colindancia con Nuevo León.

El resguardo especial de seguridad estuvo a cargo del grupo de coordinación de Nuevo Laredo, integrado por elementos de la Policía Federal Preventiva y del estado.

Se indicó que los acontecimientos violentos se siguen dando; asaltos, despojos, robos a casa-habitación y comercios van en aumento, por lo que se dará apoyo irrestricto al gobierno estatal.

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