Hay datos que deberían prender las alarmas. Son 23,057 las trabajadoras domésticas que están registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es menos de 1% de las 2.5 millones de trabajadoras que constituyen este universo laboral. 99 de cada 100 trabajadoras domésticas siguen en la informalidad.

¿Por qué no nos pone en alerta este dato? En abril del 2019 se aprobó por unanimidad una reforma que otorgaba derechos laborales básicos a las trabajadoras del hogar y establecía obligaciones para los empleadores. Estamos a menos de tres meses de que termine el periodo de 18 meses de piloto de implementación de la ley. ¿Pasaremos siquiera el umbral de 2 por ciento?

Hasta ahora, el cumplimiento ha sido voluntario. A partir de octubre será obligatorio. No estamos listos. Es obvio que el programa no ha recibido difusión suficiente por parte del gobierno, pero también es claro que ha faltado impulso para detonar un cambio cultural que nuestra sociedad necesita. Son mayoría las trabajadoras que tienen miedo de exigir el paso a la formalidad. Temen recibir menos ingresos o, simplemente, perder el empleo.

México fue uno de los últimos países en América Latina en legislar sobre este tema, pero nos pasó como en muchas otras cosas: no aprendimos de la experiencia de otros países y se nos complicó el paso de la ley a la realidad. En pocas semanas, estaremos en un momento de definición: cumplir una ley para la que no estamos listos o seguir simulando. Casi la mitad de las trabajadoras domésticas no gana siquiera un salario mínimo y 75% no recibe ningún tipo de prestación.

La ley dice que deberá haber un contrato escrito en el que se establezcan, entre otras cosas, la duración de la jornada laboral y el tipo de actividades que la trabajadora desempeñará. Obliga a los patrones a otorgar descanso semanal, vacaciones, aguinaldo y prestaciones sociales, entre ellas el derecho a la atención médica.

¿Cómo pasar de lo que ahora tenemos a lo que marca la ley? Entre empleador y trabajadora, tenemos una relación asimétrica, donde las empleadas tienen márgenes de acción y negociación muy reducidos. Hay personas que tratan muy bien a las empleadas domésticas que trabajan en sus casas, pero los derechos y obligaciones se definen en negociaciones informales. Tenemos, además, el reto de la complejidad social y geográfica. Hay trabajadoras domésticas que ganan 50 pesos diarios, en estados como Guerrero; hay miles de niñas que “acompañan” a sus madres y trabajan jornadas que duran más de 8 horas, a cambio de comida y una propina.

Hablamos de trabajadoras domésticas, en femenino, porque alrededor de 85% de las que desempeñan esas tareas son mujeres. Cuando tratamos de visualizar sus tareas, nos viene a la cabeza Yalitza Aparicio, en la película Roma. Hay que tener en cuenta que en la categoría de Trabajadores Domésticos Remunerados del Inegi caben personas que realizan diferentes actividades: cuidadores de personas, jardineros, lavanderas y planchadoras, cocineras, choferes y vigilantes.

¿Cómo se ha afectado esta parcela del universo laboral con el coronavirus? No tenemos una medición precisa, pero podemos suponer que se ha reducido drásticamente la cifra del Inegi para el 2019 de 2’509,497 personas empleadas en trabajo doméstico remunerado. Quienes han perdido su empleo tendrán dificultades para mantener a sus empleadas domésticas, o para mantener su sueldo. En promedio eran 5,176 pesos mensuales, ¿cómo quedó con el bicho?.

El Covid-19 ha exacerbado la vulnerabilidad laboral de las empleadas domésticas. Su desprotección frente a decisiones drásticas de los empleadores, pero también las difíciles circunstancias que tienen que ver con sus traslados y las actividades en los hogares. Cuántas de ellas se han contagiado, mientras cuidan enfermos y atienden a los niños, ¿dónde se atienden? ¿qué debe pasar para que alguien encienda la alarma?

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Luis Miguel González

Director General Editorial de El Economista

Caja Fuerte

Licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara. Estudió el Master de Periodismo en El País, en la Universidad Autónoma de Madrid en 1994, y una especialización en periodismo económico en la Universidad de Columbia en Nueva York. Ha sido reportero, editor de negocios y director editorial del diario PÚBLICO de Guadalajara, y ha trabajado en los periódicos Siglo 21 y Milenio.

Se ha especializado en periodismo económico y en periodismo de investigación, y ha realizado estancias profesionales en Cinco Días de Madrid y San Antonio Express News, de San Antonio, Texas.