Yo soy 133: CRT debe 38 millones de pesos a extrabajadores del IFT

El año 2025 está por acabar, pero no los asuntos relacionados con la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ocurrida en octubre, en particular las indemnizaciones para un centenar de trabajadores de libre designación que todavía demandan el pago de esos recursos, que hasta ahora sumarían 38 millones de pesos.

La autoridad sustituta del IFT, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), manifestó en un principio que resolvería el asunto de las liquidaciones, pero el jueves 11 de diciembre sorprendió con un comunicado en el que anunció que el caso se judicializaría.

Esto significa que un total de 89 exempleados empezarán el 2026 en la incertidumbre y con perspectiva de que en febrero este grupo también pudiera iniciar un proceso legal por el reclamo de esos recursos, cuenta en esta entrevista Luz Guerrero, representante más visible de los extrabajadores del IFT:

—En la danza de los números se hablaba de 133 extrabajadores a los que se adeuda dinero, luego de 117 y después de 89, ¿habría entonces un grupo que decidió desistir?

—Éramos 133 trabajadores, en el supuesto de indemnización. Esto es personal de mando, los operativos del IFT, los que menos ganábamos; de cuántos directores hacia abajo éramos de libre designación. Éramos 133.

¿Qué fue de la lista que nosotros le mandamos a la CRT y que ellos nos pidieron para efecto de ir con Hacienda y pedir el recurso? Cuatro demandaron, cuatro nunca se acercaron, y así hubo casos, hasta que la lista se redujo a los 89, porque tanto la CRT, como ahora la Comisión Nacional Antimonopolio, coaccionaron a los empleados del movimiento que ya estaban contratados por estas dos instituciones, tanto CRT como CNA, para que eligieran si seguir en el movimiento o mantenerse en el puesto que ahora tenían, en el nuevo puesto en la CRT.

Entonces no fue que el personal desistiera, sino que los coaccionaron para renunciar al movimiento, o bien, pues tendrían que presentar su renuncia a las comisiones, si es que ellos pretendían continuar en la defensa de sus derechos.

—¿No cree que, desde la perspectiva de la CRT, si contrató a un extrabajador de IFT y verlo en el movimiento era algo así como una deslealtad?

—Todos los trabajadores del IFT estaban activos al momento de la extinción del IFT. Es decir, causamos baja por motivo de la extinción, no porque quisiéramos irnos. A algunos de esos trabajadores, la CRT sí los contrató. Cuando la CRT se da cuenta de que varios de esos trabajadores estaban en el movimiento defendiendo sus derechos, fue que les dijo, “a ver: O estás en el movimiento, o sigues en el puesto que yo te acabo de dar ya”.

Esto no es tanto como un tema de lealtad. Es un tema de patrón. Un nuevo patrón, un nuevo buen patrón debería procurar y no debería extrañarse, de que un trabajador esté exigiendo los derechos que su anterior patrón no le cubrió.

—Periodistas con veinte años de experiencia divulgaron en impreso que ustedes ya recibieron indemnizaciones por más de medio millón de pesos. ¿Es así? ¿Cuánto dinero les deben realmente?

—No. No hemos recibido ninguna cantidad como indemnización, y mucho menos más de medio millón de pesos. Antes de la coacción de las Comisiones, a los 117 trabajadores nos debían 43 millones de pesos. Esa cifra de trabajadores se redujo porque naturalmente eligieron conservar su empleo, y la cifra ahora es de 38 millones.

Ese dinero equivaldría a casi el 4% del monto del fideicomiso de infraestructura y equipamiento que tenía el IFT, que es el fideicomiso del cual la ley establece que se tenían que tomar los recursos para el pago de las indemnizaciones.

—Ir a juicio: ¿No cree usted que usar ese recurso puede ser como un volado y mientras todo mundo se desgasta en por lo menos dos años de duración de ese proceso?

—Sí, son dos años, también he escuchado esa cifra; pero podría ser, incluso, más tiempo. El tema para nosotros de demandar no es, aunque nos asiste el derecho. La Constitución establece el derecho a la indemnización que nosotros estamos pidiendo, no pedimos, y que se lea bien, que se actualice ninguna cifra: Sólo pedimos los 3 meses de sueldo más los 20 días por año de antigüedad a lo que nosotros teníamos derecho.

El tema con el juicio y como tú sabes, quiénes son los que nos resolverían: Ahora los jueces del Bienestar y supongamos que resulta, en el mejor de los casos, una sentencia condenatoria hacia la CRT, el problema será ejecutarla.

La realidad, es que en la práctica es un problema que un ciudadano ejecute una sentencia con la autoridad, es decir, que realmente la autoridad cumpla esa sentencia. Entonces no sólo es el lío esto del juicio, es después qué hacemos con la sentencia que sale.

—La CRT ya está en los tiempos en que debería informar el saldo del fideicomiso del IFT, y en tanto se conozca ese dato como para que CRT argumente si tiene el dinero, ¿hasta cuándo tienen ustedes para jurídicamente hacer algo?

—Nosotros estamos conscientes de que nos asiste el derecho. La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión reconoce que al personal se le van a garantizar los derechos, incluso el de la indemnización. La propia ley dice que se toma el dinero de fideicomiso para indemnizar a la gente que tenía estabilidad laboral.

El propio instituto señaló que el personal del IFT que contaba con estabilidad laboral, eran aquellos que pertenecían al sistema de servicio profesional. A nosotros, nuestro nombramiento, que es por cierto de carácter definitivo, está emitido y con base en las disposiciones que se establecen en el sistema de servicio profesional.

Fuimos evaluados; nosotros también pertenecíamos a ese sistema, por lo tanto, teníamos la estabilidad laboral que señala la ley y debemos ser indemnizados.

Por ese tema estamos bien conscientes y bien asesorados de que nos asiste el derecho. No sólo eso, sino que nosotros tenemos hasta mediados del mes de febrero para interponer la demanda, y mientras, pues no nos queda más que seguir por la vía política, porque la CRT ya había reconocido que nosotros teníamos el derecho y mandarnos a un juicio sólo a retardar la justicia, desgastarnos en tiempo, esfuerzo, dinero, cuando la autoridad tiene todo, incluso teníamos los acuerdos firmados, de que nos iban a pagar la indemnización.

—¿Y qué pasó que se rompió esta comunicación, si ellos difundieron en sus canales que había disposición de arreglar este problema?

—No hubo ninguna pelea. De hecho, nosotros estábamos en total diálogo, en el entendido, incluso, de que el jueves 11 de diciembre, ellos nos confirmaron que teníamos cita con la Secretaría de Hacienda para determinar los montos y la fecha del pago. Fue un total engaño.

Ellos venían orquestando no pagar, seguramente desde hacía varias semanas. ¿Por qué? No sé, si mintió la comisionada presidenta Norma Solano, en el sentido de que tenía la venia de la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, así como de la Secretar de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Eso fue lo que a nosotros nos dijo el 3 de noviembre que firmamos la primera minuta, en el sentido de que iba a haber pago y de que ellos iban a hacer todas las gestiones con estas dos autoridades y con el Tribunal Federal de Conciliación para llevar a cabo la firma de los convenios.

No sé, si eso fue una mentira o solamente para que despejáramos insurgentes y todo lo que vino después, pues un teatro, porque tuvimos varias reuniones en donde Alejandro Pedroza y la nueva titular de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones nos daban los avances de cómo iban las cosas y seguían afirmando que el pago se iba a realizar este año.

No sé, si se acabaron el dinero del fideicomiso o si lo utilizaron en otra cosa o si simplemente, nunca tuvieron la venia de la Secretaría de Hacienda.

—Comunicaciones oficiales también sostienen que los extrabajadores firmaron una hoja de baja, ¿cómo es eso?

—Están inventando de manera muy baja que estamos pidiendo un doble pago nosotros. Nunca fuimos indemnizados, nosotros no hemos tenido un peso de nuestra cuenta por concepto de la indemnización constitucional que nos corresponde y que se le otorgó a la gente, incluso que ya está trabajando en la CRT.

Todo el personal, al momento de la extinción del IFT, iba a causar baja. ¿En dónde está la renuncia del trabajador? ¿En dónde está la voluntad del trabajador de quedarse sin empleo?

El caso de los trabajadores del INAI, del extinto INAI, es el mismo caso que nosotros: Era gente de libre designación que también firmó su baja y fueron indemnizados al día siguiente. La propia secretaria Raquel Buenrostro dijo “no vamos a afectar los derechos de nadie”. Lo dijo también Pepe Merino, en una reunión que tuvimos con nosotros en el mes de septiembre: “No se van a afectar los derechos de nadie y mucho menos los de quienes menos ganaban”. ¿Y qué está pasando hoy?

—¿Es como dice la prensa generalista? ¿Son todos ustedes 89 extrabajadores de IFT con puesto de subdirector, hacia arriba?

—Dando luz a esa cifra: Allí hay jefes de departamento, auxiliares, choferes, enlaces; los menos son subdirectores, que además no es un pecado prepararse y ser director y pedir la indemnización que procede. Es mentira que ganáramos 100,000 pesos al mes.

Más allá de esto, esto también es un problema que van arrastrar Norma Solano y Pepe Merino: Están empezando con un nuevo órgano regulador, arrastrando problemas que dijeron que iban a resolver y luego le dieron la espalda a los trabajadores.

¿Qué puede decir eso a los trabajadores que están dentro? ¿Qué puede decir eso de la reputación de la CRT? ¿Con qué cara van a pedir la inversión al sector? ¿Es sólo una determinación de Norma Solano, de todo el pleno o de quién? Están actuando con una determinación demasiado temeraria.