Es digno de reconocimiento el Parlamento Abierto organizado por la Cámara de Diputados en el que se analizó el costo propuesto por la SHCP para el uso del espectro radioeléctrico. El órgano legislativo escuchó y adoptó una proporción importante de los planteamientos de los profesionales convocados, en particular para el caso del aumento planteado por la tenencia y uso de frecuencias en la banda de 800 MHz.

En efecto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados se mostró muy receptiva y sensible a los señalamientos ahí realizados, acotando de 56.5% a 3.5%, el aumento propuesto por los derechos de uso de bloques en esa banda de 800 MHz.

Este acotamiento representa un incremento que se aproxima a la inflación. Sin embargo, aún no resulta congruente con una política fiscal para la conectividad universal, especialmente para el despliegue de redes de última generación (5G).

Tampoco empata con los referentes internacionales relevantes de otros países, principales socios económicos. Al comparar los niveles de cobro de México con otras economías que tienen un régimen de cuotas anuales por el uso del espectro radioeléctrico, el costo aprobado por Diputados para el ejercicio fiscal del 2021 continúa siendo cuatro veces superior al promedio registrado en estos.

Las buenas acciones e intenciones del legislador se quedaron un poco cortas, tal que mantuvieron la creación de nuevos derechos para las frecuencias en las bandas de 600 MHz, 1,500 MHz y 3.5 GHz que en su comparativo internacional superan hasta 10 veces la media de la muestra de países analizados. ¡No es un error, diez veces arriba del cobro aplicado en otros países!

A pesar de la mesura y conciencia de los legisladores, aún padecemos la desesperación fiscal que deriva en la preeminencia de objetivos recaudatorios, por encima del desarrollo de las redes de telecomunicaciones para alcanzar un escenario de plena conectividad universal.

De esa forma se posterga y relega la posibilidad de proveer servicios de nueva generación a 52% de las localidades del país que aún no cuentan con coberura de redes fijas, ni móviles de 3G y 4G, de acuerdo con el Programa de Cobertura Social de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Adicionalmente, este costo desmedido y ausencia de política fiscal para la conectividad resultan en desincentivos para el ejercicio de inversiones para cubrir el déficit de infraestructura vigente en México, imponen barreras a la participación de los operadores competidores en próximas licitaciones de espectro y, consecuentemente, atentan contra el desarrollo eficiente del sector.

Incluso se comienza a testificar ya una paradoja tributaria en la que el elevado nivel de las tasas impositivas, dan lugar a la devolución de espectro por varias empresas, reduciendo así en términos absolutos la generación de ingresos para el erario en esta materia.

Continúa de manifiesto que es un categórico error supeditar la consecución de un mandato constitucional a objetivos recaudatorios de corto plazo del gobierno.

Por ello, se insta a que el Congreso de la Unión reconsidere el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y que establezca niveles óptimos, competitivos y conducentes para el despliegue de infraestructura de última generación, en ciernes de constituir una verdadera política fiscal para la conectividad en México.

Ernesto Piedras

Director General de The Competitive Intelligence Unit

Inteligencia Competitiva

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