Los comisionados del Inai, el instituto de protección de datos personales en México, mostraron un compromiso ejemplar con los derechos fundamentales al aprobar que su unidad jurídica presente una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra la reforma de telecomunicaciones que obliga a crear un padrón de datos biométricos de usuarios y titulares de líneas móviles. Este paso es apenas el primero de una batalla difícil, en un ambiente político revuelto y con el viento en contra, pero contar con el apoyo de los 7 comisionados del instituto garantiza que la acción de inconstitucionalidad será defendida con profesionalismo y ganas de ganarse.

La tarea que emprenderán los comisionados, cuyo plazo para ser iniciada vence el 17 de mayo, los centrará con mayor precisión en la mirilla de recriminaciones instalada en Palacio Nacional, que a veces tiene derivaciones en instancias de vigilancia fiscal como medida de amedrentamiento y de sanción moral entre la fanaticada.

Es el caso del juez Juan Pablo Gómez Fierro, cuyas cuentas bancarias y las de familiares próximos están siendo investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Santiago Nieto Castillo para “averiguar si hay mérito para que se les incluya en la Lista de Personas Bloqueadas”, según reportó Peniley Ramírez en Reforma el sábado.

“Tenemos un modelo de riesgo y nos brincó que Gómez Fierro vendiera seis propiedades entre 2018 y 2019. La investigación no es definitiva; estamos corroborándolo”, le dijo Nieto a Ramírez sobre el juez que ha suspendido la aplicación de la nueva ley eléctrica y que ha otorgado protección provisional a ciudadanos inconformes contra el padrón de datos biométricos.

Gómez Fierro es un gran villano para el Gobierno de López Obrador y las consecuencias están a la vista: primero, la reprimenda presidencial desde el púlpito mañanero; luego, la petición al amigo Arturo Zaldívar para investigar su actuación, y ahora la posibilidad de un uso faccioso de la vigilancia fiscal en contra del juez, titular de un juzgado especializado en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión.

La defensa institucional contra el padrón de datos biométricos sólo puede venir del Inai, pues la otra instancia relacionada con la defensa de derechos fundamentales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se encuentra totalmente capturada con la asignación como su titular de una persona fiel al presidente López Obrador, Rosario Piedra Ibarra. 

La CNDH no siempre fue así. Hace 10 años, cuando el Estado de control y vigilancia digital comenzaba a enquistarse en nuestro marco jurídico, con el fracasado Renaut o las reformas penales para geolocalizar teléfonos móviles en tiempo real, la CNDH emprendió una acción de inconstitucionalidad invocando la obligada defensa del “derecho humano a la privacidad o a la vida privada”.

Casi en la misma situación que la CNDH, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), facultado para presentar controversias constitucionales, se encuentra en una situación de precariedad institucional: anulado en la presidencia interina de Adolfo Cuevas Teja, incapaz de lograr acuerdos mínimos con sus pares comisionados.

Esa circunstancia podría ser suficiente para que un instituto lobotomizado evite defender a los ciudadanos a través del uso de sus facultades, pero la precariedad del IFT es más profunda: la idea de crear el padrón de datos biométricos fue del comisionado Sóstenes Díaz González, con el respaldo de los comisionados Mario Germán Fromow Rangel, Javier Juárez Mojica, Arturo Robles Rovalo y Ramiro Camacho Castillo. Todos contra Cuevas.

De acuerdo con lo publicado por Jorge Bravo en El Economista, Sóstenes Díaz propuso crear el padrón y sugirió incluso la manera como debe operar. “Cinco comisionados del IFT envían su propio documento no institucional ajeno a la opinión del IFT”, escribió Bravo. “No podemos tener dos IFT”.

Por eso no es cosa menor la decisión de los comisionados del Inai de combatir en la Corte el padrón de datos biométricos. Cumplirán su obligación de defender derechos fundamentales y tomarán un camino de no retorno en la relación con el grupo político en el poder. En estos tiempos de facha autoritaria, es una decisión valerosa.

José Soto Galindo

Editor de El Economista en línea

Economicón

Periodista. Desde 2010 edita la versión digital de El Economista en la Ciudad de México. Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Tiene especialización en derecho de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Su blog personal es Economicón.

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