Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, senador de Chiapas por Morena, prepara una iniciativa para suprimir los tribunales especializados en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión que surgieron a partir de la reforma estructural de 2013 para resolver pleitos en la materia.

El senador manifestó esa determinación después que se conociera la interposición de diversos amparos contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que promovió Morena en el Congreso de la Unión, para conformar un registro de los usuarios de servicios móviles a través de sus datos sensibles y con el objetivo de combatir a la delincuencia organizada, esto según la argumentación de ese partido político. 

Hasta este martes 27 de abril, existen 58 medidas cautelares en contra del llamado “Panaut” de Morena y el primer amparo contra este padrón fue aceptado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. 

Allí, quien otorgó la suspensión contra el Panaut fue el juez Juan Pablo Gómez Fierro, el mismo que concedió otro amparo contra la Ley Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador

Las coincidencias de que aquel juez haya concedido los amparos contra dos iniciativas apoyadas por el mismo presidente López Obrador, hace pensar al senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar que existen intereses privados que han contaminado a los tribunales especializados y es por ello que planteó su desaparición:

Estamos en el estudio de esta iniciativa y el fundamento será: no debe haber juzgados especiales para privilegiar cierto tipo de intereses (…) La estoy preparando, porque prácticamente llegan a un solo juzgado todos los amparos y no puede ser en esta materia (…) Como que se prepararon —los tribunales especializados—, es por si en el futuro se hacían reformas que perjudicaran los intereses privados, con jueces ad hoc”, dijo el legislador. 

Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva del Senado y secretario de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión, dijo que es preferible que se adicionen facultades a tribunales con existencia anterior a los especializados para que resuelvan asuntos que deriven de las industrias de telecomunicaciones y radiodifusión, a tener tribunales especiales que respondan a intereses privados.

De perseguir su intención, la iniciativa del senador Ramírez pasaría por una reforma del artículo 94 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) del año 2013 y también del décimo segundo artículo transitorio de esa misma legislación, y de los artículos 314 y 315 del título décimo sexto de la ley reglamentaria de la LFTR, del año 2014, entre otros, pues todo ellos amparan la existencia de los tribunales especializados en telecomunicaciones y competencia económica.

A diferencia de lo que piensa el senador Ramírez Aguilar, los tribunales especializados en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, y en algunos casos con el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han resuelto importantes diferencias que en su momento enfrentaron a distintos actores de esas industrias. 

Casos relevantes son la llamada “tarifa cero”, que protagonizó Telmex contra el Congreso de la Unión y operadores de la industria; el asunto sobre la dominancia de Televisa en televisión de paga; el caso MVS y su canal 52; el amparo de Radio Centro contra un resultado de licitación de espectro, y muchos otros casos de relevancia para la radiodifusión y telecomunicaciones.

Esta es la tercera ocasión en que desde el Congreso de la Unión y segunda vez directamente desde el Senado en que se pretende trastocar el ecosistema que tiene que ver con el sector de telecomunicaciones mexicano. 

Un año atrás, el Senado planteó la fusión de todos los órganos reguladores en una misma entidad que se hubiese llamado Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob) y al mismo tiempo, la Cámara de Diputados recortó otra vez el presupuesto anual del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), quien por ley ahora debe disponer de una partida especial de recursos para hacer su parte en el Panaut.