En los últimos años, hemos enfrentado el muy serio fenómeno de la desaparición forzada de personas. Según cifras oficiales reportadas por Amnistía Internacional, en su informe 2017/2018, seguía sin esclarecerse el paradero de 36,656 personas. Aunado al dolor que genera en las familias un evento de esta naturaleza, también les sobrevienen problemas jurídicos pues quedan, muchas veces, en estado de vulnerabilidad económica. El pasado viernes 22 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto a través del cual se expidió la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y se llevaron a cabo diversas reformas a las leyes laborales, de seguridad social, así como crediticias, con la intención de generar un mecanismo protector en estos desafortunados casos.

Quienes pueden solicitar la emisión de la declaración ante un juez federal son los familiares o sus representantes legales, quienes tengan una relación sentimental afectiva y cotidiana con la persona desaparecida, el Ministerio Público a solicitud de los familiares y el asesor jurídico. Este procedimiento podrá formularse a partir de los tres meses de que se hubiere hecho la denuncia de desaparición. Se contempla la posibilidad de que se dicten medidas cautelares sobre la guarda y custodia, alimentos, patria potestad, uso de la vivienda y aquellas necesidades específicas que la autoridad jurisdiccional advierta de la propia solicitud.

El juez requerirá a diversas autoridades (ministeriales, Comisión Nacional de Búsqueda y Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas) que aporten información. Además, se publicarán edictos en el Diario Oficial de la Federación y avisos en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación, llamando a cualquier persona que tenga interés, para que comparezca. Estas publicaciones se harán en tres ocasiones, con intervalos de una semana. Una vez que transcurran 15 días desde la última publicación, y si no se hubiere presentado algún interesado, se resolverá si procede o no emitir la declaración. Si se presenta algún interesado, se le deberá escuchar o allegarse de las pruebas oportunas para resolver.

Entre otros efectos, esta declaratoria garantizará la conservación de la patria potestad; fijará derechos de guarda y custodia y protegerá los bienes de los menores; protegerá el patrimonio de la persona desaparecida, a través de un representante que lo administre y, de tal manera, pueda proveer a los familiares del sustento necesario para su subsistencia, y fijará la forma y plazo para que los familiares puedan acceder, previo control judicial, al patrimonio de las personas.

La ley prevé que la declaración protegerá los derechos laborales de las personas desaparecidas a quienes se les tendrá en situación de permiso sin goce de sueldo. En caso de aparecer, se les deberá reinstalar y recuperarán su posición, escalafón y derechos de antigüedad y a quienes sean beneficiarios se les reconocerán y conservarán los derechos de seguridad social. Se prevén otras medidas de protección como, por ejemplo, la suspensión de pagos con motivo de créditos de vivienda.

Éste es un claro ejemplo de cómo el derecho es el instrumento idóneo para la solución de problemas cotidianos. Desde luego, este procedimiento no exime a la autoridad de la obligación de esclarecer la verdad y seguir en la búsqueda de las personas desaparecidas, pero sin duda representa un avance para que los familiares afectados puedan hacer frente a sus obligaciones más apremiantes de una manera más sencilla.

@gaboglezsantos