Una de las principales aportaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador a la economía mexicana es su visión y decisión para combatir frontalmente la corrupción que hoy es un fenómeno estructural sumamente enraizado. Algunos pudieron no estar de acuerdo con parte de sus propuestas económicas en campaña, me incluyo, empero, el tener un presidente honrado a la luz del anterior, que busque eliminar la corrupción omnipresente en nuestro sistema económico es de agradecerse eternamente. El freno a la corrupción como política económica es atinado; sin embargo, es sólo el principio de lo que se debe complementar con un impulso a la pequeña y mediana empresa, el abatimiento del comercio informal como un medio para democratizar las aportaciones al Estado para una mejor distribución del ingreso hacia todos, así como fortalecer la disciplina fiscal y monetaria.

El que durante décadas nuestra economía se formara sustancialmente por empresas enfocadas a venderle al gobierno o dependientes de una concesión o autorización gubernamental, generó una atrofia en la innovación y del emprendimiento, al mismo tiempo propició una insana relación entre el poder político y el poder económico. Igualmente, el círculo vicioso que se formó producto de venderle al gobierno o extraer beneficios de una concesión y la dinámica por parte del Estado de pedir dinero por ello, detonó en niveles de corrupción crecientes que encontraron su máxima expresión con el regreso del PRI a la Presidencia el sexenio pasado y con la descentralización del gasto público hacia los estados. Las empresas de sexenio son cada vez más evidentes. El grado de descomposición de buena parte de nuestra economía sumergida en una corrupción estructural aunada a la economía informal que alcanza 60% y en el sur del país 80%, hacen que la propuesta económica del presidente sea un pertinente punto de partida.

Precisamente en el arranque de los foros que permitirán dar forma al Plan Nacional de Desarrollo es el propio secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien hace un llamado a reconstruir el pacto social señalando a la recuperación de Estado de Derecho como uno de los principales ejes del plan. Es imperativo que nuestro quehacer económico y los negocios relacionados con el gobierno, partan de la ética como fundamento de este nuevo pacto social. La corrupción llegó demasiado lejos. Lamentablemente se nos conoce como un país corrupto para hacer empresa, particularmente aquella ligada a ventas a gobierno o concesión pública. Esta penosa realidad se tiene que terminar. El poner a la ética como elemento fundamental del programa económico y del quehacer público puede representar sin duda alguna la principal aportación del presidente del cambio a la vida pública nacional.

No obstante, el combate a la corrupción como política económica no es suficiente, pero es el comienzo. Adicionalmente, se tiene que tomar en cuenta los principios fundamentales de la economía como el fenómeno natural de oferta y demanda, la determinación de la escasez bajo principios éticos, la propensión humana al intercambio y, una fuerte presencia del Estado como garante del Estado de Derecho y como un fuerte regulador que se imponga tajantemente a los monopolios y oligopolios, así como creador de leyes que fomenten la competencia y distribuyan de manera eficiente los ingresos entre quien más lo necesite. Al mismo tiempo habrá que impulsar un modelo económico de desarrollo que atienda a las dos realidades de México: la que se encuentra creciendo a tasas superiores a las de las naciones asiáticas y que aporta la mayoría de los ingresos de los que todos vivimos, incluido el gobierno; y la que crece muy poco, con el mayor número de ciudadanos en la marginación y en donde se encuentra la mayoría de la informalidad pero que posee enormes riquezas naturales.

El reto no es fácil, pero este gobierno tiene le legitimidad suficiente para llamar a todos a construir un nuevo pacto social en el que todos seamos más solidarios con los que menos tienen y merecen estar en el centro de las prioridades, pero partiendo de la base en la que todos tenemos que contribuir, sin distingo, a dotar al gobierno del dinero suficiente para que, con su esencia claramente democrática, nos lo devuelva en seguridad pública, servicios, educación y salud de calidad. La carga no puede seguir en los mismos de siempre. El vendedor ambulante, el taxista, el médico tienen que aportar porque generan dinero al mismo tiempo que son beneficiarios del alumbrado, la educación y seguridad públicas sin pagar impuestos, renta, IMSS o energía eléctrica. Lo mismo puede aplicarse a los grandes corporativos y bancos internacionales que año con año sacan todas sus utilidades del país.

El equipo económico ha hecho un llamado a todos a combatir la corrupción, a fortalecer el Estado de Derecho y a construir un pacto social más solidario, ello no tendrá futuro sino permanecen los equilibrios fiscales y la autonomía monetaria al igual que se atienda a los principales creadores de riqueza y empleos que son las pequeñas y medianas empresas para que se fortalezcan en un clima de certidumbre y paz, en ello todos debemos de apoyar al presidente.

Carlos Alberto Martínez

Doctor en Desarrollo Económico y Derecho

AUCTORITAS

Profesor en la Universidad Panamericana, Ibero y TEC de Monterrey. Ha trabajado en el Banco de México, la Secretaria de Hacienda, la presidencia de la República y en Washington, DC. Actualmente estudia el doctorado en Filosofía con investigaciones en el campo de la ética y la economía. Autor de libros en historia económica, regulación financiera y políticas públicas