CNA multa con 59.6 millones de pesos a empresas por colusión en licitaciones de material para radiografías

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) impuso sanciones por 59.6 millones de pesos a cuatro empresas y seis personas físicas por coludirse en licitaciones públicas de material para radiografías.

De acuerdo con la resolución, las empresas involucradas intercambiaron información sensible y coordinaron estrategias de presentación de propuestas.

La conducta se realizó entre octubre de 2010 y diciembre de 2016.

Esta práctica, expuso la autoridad antimonopolio en un comunicado, afectó la competencia y el uso eficiente de recursos públicos destinados al sistema de salud.

“Esta conducta implicó una afectación real para el sistema de salud público”, indicó la Comisión al dar a conocer la resolución.

La CNA destacó que las radiografías son una herramienta fundamental para el diagnóstico médico, principalmente en regiones donde el acceso a servicios especializados es limitado.

Como referencia, destacó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizaron más de 20 millones de estudios de radiodiagnóstico entre 2024 y 2025, con los que se beneficiaron a cerca de 15 millones de personas.

Los agentes económicos sancionados podrán impugnar la resolución mediante los recursos legales correspondientes ante los tribunales especializados.

​Caso de colusión revela riesgos en compras públicas

Tras conocerse la sanción, el IMSS expuso en un comunicado que el caso refleja los problemas de concentración y contratación que enfrentó la institución en administraciones anteriores y subrayó que actualmente los mecanismos de adquisición se han fortalecido.

“El caso ilustra los riesgos que las prácticas colusorias representan para las compras públicas y constituye un precedente relevante para fortalecer la detección, prevención y sanción de conductas anticompetitivas en el sector salud”, indicó el Instituto.

Agregó que, a partir de los nuevos esquemas de contratación, ha reforzado los mecanismos de vigilancia, competencia y transparencia en sus procesos de compra con el objetivo de reducir la concentración de contratos, evitar distorsiones en el mercado y garantizar que los recursos públicos cumplan su propósito social.

Estas medidas, abundó, buscan beneficiar a la población derechohabiente a través de compras más eficientes, sin intermediaciones indebidas, sobrecostos ni prácticas que limiten la competencia efectiva.