Pese al rechazo de la oposición, este martes la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 304 votos a favor, 179 en contra y cuatro abstenciones la iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El debate inició con la presentación de dos mociones suspensivas presentadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes solicitaron regresar a la Comisión de Energía de San Lázaro el asunto para realizar modificaciones al dictamen, sin embargo, estas fueron rechazadas por la mayoría parlamentaria.

De acuerdo con la propuesta del presidente, se pretende privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre empresas privadas, por lo que se plantea modificar el mecanismo de despacho para dar prioridad a la energía producida por las hidroeléctricas, energía generada en otras plantas de la Comisión Federal de Electricidad, energía eólica o solar de particulares y por último los ciclos combinados de empresas privadas.

En ese sentido, por el Partido Acción Nacional (PAN), el legislador Hernán Salinas, indicó que al eliminar la competencia en generación de energía y modificar el orden del despacho, se elevará el costo de la energía, porque se recurrirá a insumos como el carbón y el combustóleo que son más caros y contaminantes.

Además, apuntó que en el Parlamento Abierto para discutir la iniciativa, en el que participaron expertos en la materia, se anticipó el fracaso de las modificaciones presentadas por el representante del Ejecutivo Federal, y advirtió que afectarán al medio ambiente y la economía mexicana. “Tendremos menos energía, más cara y más contaminante, porque al eliminar la competencia en generación, dañamos a la CFE, no la fortalecemos”, sentenció.

Para presentar el posicionamiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el legislador Enrique Ochoa, calificó que se propone un “despacho por capricho”, y aseguró que ningún país pone por delante un sistema eléctrico que tiene como eje principal el uso de combustóleo y diésel que alternativas más económicas como los parques eólicos y solares.

“Lo que hace esta iniciativa preferente, es impedir la libre competencia en generación, porque establece un orden preestablecido de despacho, por lo tanto, esta ley es inconstitucional. Tampoco permite la libre comercialización a la que tienen derecho los habitantes de nuestro país y los inversionistas”, dijo.

Su compañero de bancada, el diputado federal, Fernando Galindo, expresó que el dictamen presentó vicios en su procedimiento, debido a que fuera de tiempo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo llegar a la Cámara Baja un documento, que no analiza de fondo el verdadero impacto presupuestario de la iniciativa.

A esta opinión, se sumó en representación de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) la diputada federal, Mónica Almeida, quien señaló que durante los dos primeros años del gobierno encabezado por Morena no se ha garantizado la eficiencia y calidad en el suministro de la energía eléctrica.

Citó que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas advirtió que con la iniciativa se detendrán 105 proyectos de generación de energía eléctrica a través de energía solar y eólica, cuyo monto de inversión asciende a 451 mil 289 millones de pesos, entre otras implicaciones económicas, así como la disminución de la confianza en la inversión extranjera.

Se busca detener la privatización: Morena

Para defender el dictamen, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, manifestó que con la reforma energética aprobada durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto únicamente se beneficiaron algunas empresas y se afectaron las capacidades y funciones de la CFE.

La integrante de Morena expuso que los cambios pretenden detener la privatización para que la generación privada de energía no rebase el 46%, también se busca hacer efectiva la rectoría del Estado en el sector, eliminar la obligación de la CFE de adquirir mediante subasta la electricidad y revisar los permisos de autoabastecimiento cuando hayan sido obtenidos mediante actos fraudulentos.

“Estos cambios son indispensables para abaratar el costo de la electricidad, para suprimir la sangría económica de los subsidios en el erario, eliminar la regulación asimétrica tan desventajosa para la CFE, recuperar el pleno dominio de la industria eléctrica bajo la rectoría del Estado como lo mandata la Constitución”, enfatizó. También, su compañero de grupo parlamentario, el congresista Pablo Gómez, expuso que la única crítica que encuentra a la propuesta del mandatario es que se debió aprobar hace más de un año, al considerar que es indispensable modificar la ley vigente.

Indicó que el artículo 27 de la Constitución Mexicana señala que las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, distintas a la transmisión y distribución.

Tras ser aprobada en lo general, las fracciones parlamentarias, a excepción de Encuentro Social, presentaron más de 400 reservas al dictamen, sin embargo, las y los diputados federales de Morena, así como sus aliados decidieron retirar sus propuestas y al cierre de esta edición ninguna fue aprobada para su discusión.

marisol.velazquez@eleconomista.mx