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Baja de tarifas eléctricas, ?en siete años
Especialistas consideran que la construcción de infraestructura para el transporte, particularmente de gas, generará mayor abasto de combustibles y retrasará la disminución planteada por el gobierno.
La reducción de tarifas eléctricas que, según el Ejecutivo, se daría en dos años como resultado de la aprobación de la reforma constitucional y la ya aprobada Ley de la Industria Eléctrica, se observará en el mediano plazo, en un periodo de entre cinco y siete años, explicaron analistas del sector.
Puesto que el suministro de energía se dividirá en dos fracciones, el servicio universal provisto por el gobierno mediante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el mercado mayorista entre particulares con demandas mayores a 3 megawatts, los costos dependerán del abasto de combustibles para la generación, ya sea por provisión del gobierno o de particulares.
Miguel Toro, analista del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidaq), detalló que incluso con una rápida implementación de infraestructura para el transporte, particularmente de gas, el mayor abasto de combustible se dará por lo menos a finales del 2015, lo que retrasará la baja masiva de tarifas por el incremento de oferta eléctrica en el sector.
Se observa muy complicado que el costo de la electricidad baje en un periodo menor a cinco o siete años, porque a la construcción de infraestructura le sigue una fase de adaptación para que luego los generadores puedan realmente reducir sus costos y empezar a competir entre ellos , dijo en entrevista.
En cuanto al servicio público, la tarifa podría reducirse conforme se pongan en marcha los nuevos proyectos para transporte de gas de la CFE como la importación a través de Chihuahua y Durango y las plantas de generación en Sonora y Chihuahua, que iniciarán operaciones entre el 2016 y el 2017.
Sin embargo, un menor costo no se reflejará en menores tarifas para los consumidores, ya que se mantiene el subsidio del gobierno federal.
Rogelio López Velarde, analista de López-Velarde, Heftye y Soria, explicó que el periodo de adaptación de la implementación de una reforma como la que se podría promulgar esta semana es de por lo menos siete años, según la experiencia internacional, por lo que por lo menos en este sexenio no se observarán menores costos de la energía.
EL FONDO ESTABILIZADOR
Con la aprobación de la minuta fiscal en materia energética que concluyeron los senadores para enviar de nuevo a la Cámara de Diputados y concluir su revisión, se concreta la existencia del Fondo Mexicano para la Estabilización y el Desarrollo (Fomed), cuya función será estabilizar las finanzas nacionales con un orden de transferencias de la renta petrolera con una autonomía sin precedentes en lo que respecta a organismos gubernamentales.
De acuerdo con la nueva ley que lo regula, el Fomed, que será administrado como un fideicomiso del Banco de México, tendrá un régimen especial, como se observa en el artículo 3, que establece que las disposiciones que regulan a los fideicomisos públicos de la Administración Pública Federal no serán aplicables al Fondo Mexicano del Petróleo .
Lo anterior exime a este mecanismo financiero de las revisiones por parte de la Auditoría Superior de la Federación que se realizan en el resto de las entidades gubernamentales, restando carga burocrática a su funcionamiento.
El artículo 22 de la misma ley refiere que el auditor del Fondo será el mismo del Banco Central, mediante un comité presidido por el secretario de Hacienda, que a fin de cuentas será la autoridad que revisará su funcionamiento.
El Fomed, que recibirá todos los ingresos petroleros contemplados en los contratos y asignaciones para el Estado, excepto los impuestos, conservará el siguiente orden de transferencias: pagos establecidos para los contratistas o asignatarios; transferencias al Fondo de Estabilización y a los de Ingresos de entidades federativas, de Extracción de Hidrocarburos, de Investigación en materia de hidrocarburos y fiscalización petrolera, necesarios todos para el funcionamiento del sector.
A la par, estará obligado a transferir el equivalente a 4.7% del PIB anual a la Tesorería; posteriormente, destinará recursos por hasta 3% del PIB anual al ahorro a largo plazo y si hay un excedente de este ahorro destinará recursos a un Fondo Universal de Pensiones, a proyectos de innovación en renovables, a vehículos de inversión en el sector y becas para capital humano.
