La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda indicó que el avance que ha tenido el país en materia de fortalecimiento al marco legal contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en los últimos años no es suficiente para tener mejores resultados en la materia, por lo que pidió, una vez más, acelerar las reformas propuestas atoradas en el Congreso para fortalecer la lucha y cumplir con la mayoría de los estándares internacionales en la materia.

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, participó en el Parlamento Abierto respecto a la propuesta de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o ley antilavado. Al respecto argumentó que con los cambios a este marco normativo se tendrían más controles sobre las operaciones de fideicomisos, así como de sindicatos, partidos políticos y aquellas que se dan en el futbol mexicano.

“Hay que pensar en el cumplimiento de los estándares internacionales, pero para que sirvan a México (deben ser) de acuerdo con nuestra problemática”,  argumentó Nieto Castillo, quien resaltó que, si bien el sistema financiero se encuentra sólido en materia de prevención y detección de lavado de dinero, las principales deficiencias están en las actividades vulnerables.

El funcionario enfatizó que los cambios previstos a la ley antilavado reforzarían la vigilancia que se tiene sobre los fideicomisos que actúan a semejanza de una de las 16 actividades vulnerables previstas en esta normativa mismas que tienen que reportar información a la UIF respecto a sus operaciones.

“Es importante para nosotros el tema de las actividades vulnerables mediante fideicomisos. Uno de los temas centrales donde necesitamos ir avanzando tiene que ver con los fideicomisos. Parte de los actos de corrupción en OHL, por ejemplo, en el sexenio anterior, estuvieron vinculados con la generación de fideicomisos”, destacó Nieto Castillo.

Además de los cambios previstos en la ley antilavado, Nieto Castillo enfatizó en la necesidad de realizar cambios a otras normativas, como la Ley de Instituciones de Crédito, para fortalecer el mecanismo de bloqueo de cuentas; el Código Penal Federal con el fin de castigar a las personas morales que faciliten el financiamiento al terrorismo y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para que las instancias fiscales tengan una participación más activa contra actos de corrupción.

Nieto Castillo recordó que de acuerdo con el último reporte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo sobre México, el país obtuvo, de las 40 recomendaciones del organismo, cinco como cumplidas, 19 como mayormente cumplidas, 15 como parcialmente cumplidas y sólo una como no cumplida.

Avances

En este contexto, el funcionario indicó que a partir del reporte que se presentó en el 2018, México ha trabajado para mejorar principalmente en las recomendaciones que obtuvo como parcialmente cumplidas, por ejemplo, en materia de mayor vigilancia en organizaciones sin fines de lucro, el tema de debida diligencia del cliente e identificación del beneficiario final, mayor información de las personas políticamente expuestas y nuevas tecnologías, como el marco legal para la operación de activos virtuales en el país.

Ante ello, Nieto Castillo indicó que, en diciembre del 2020, la UIF presentó al GAFI un reporte de los avances técnicos que ha tenido el país, por lo que espera una mejor recalificación en al menos seis recomendaciones de las 15 que obtuvo como parcialmente cumplidas, además de cuatro más que se modificaron luego del reporte del 2018.

“No nos podemos quedar aquí, las reformas legales servirían para seguir avanzando en la calificación positiva de nuestro país”, expresó Nieto Castillo y comentó que todavía hace falta cumplir con otras medidas como una mayor exigencia a las actividades vulnerables o avanzar en la transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas.

Para el funcionario, también es importante que el país demuestre avances respecto a la procuración de justicia, especialmente en materia de decomiso de bienes e instrumentos del delito, así como un mayor número de sentencias condenatorias relacionadas con lavado de dinero.

fernando.gutierrez@eleconomista.mx